En el transcurso de este año, la formación Junts, liderada por Carles Puigdemont, ha manifestado su descontento hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que no se están respetando los acuerdos establecidos durante la investidura ni en la mesa de negociación en Ginebra. Esta situación no solo afecta a los postconvergentes, ya que otros socios políticos también han comenzado a expresar su malestar por el incumplimiento de compromisos por parte del Ejecutivo central.
Recientemente, fue el Gobierno Vasco quien alzó la voz. En una entrevista, la consejera María Ubarretxena cuestionó el hecho de que el Gobierno de España no ha ejecutado una serie de transferencias previamente pactadas. Ubarretxena instó a Sánchez a «poner orden en su casa», señalando que algunos secretarios de Estado parecen tener más poder que sus propios ministros, lo que está impidiendo que se realicen las cesiones acordadas.
Entre los compromisos que se habían pactado se incluyen la transferencia de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las ayudas por desempleo, las competencias sobre salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria ubicado en Barakaldo y el seguro escolar. Estas cinco cuestiones formaban parte de los acuerdos alcanzados entre el PNV y Sánchez en 2023, con una fecha límite para su implementación marcada para diciembre de 2025.
A pesar de que la consejera mantuvo cierta expectativa sobre el cumplimiento de estos acuerdos en enero, su tono fue de firmeza. Lamentó que, «en el último momento», el Ejecutivo central planteara dificultades y obstáculos que complican el cumplimiento de lo acordado. Ubarretxena indicó que las mayores reticencias provienen del ámbito de la Seguridad Social, atribuyendo estos retrasos a «miedos de última hora».
El lehendakari, Imanol Pradales, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a finales de enero para evaluar su relación con el Gobierno central. Aunque la situación no parece favorable, se espera que su impacto sea limitado, dado que el PSE también forma parte de la coalición en el País Vasco. Sin embargo, esta tensión podría dificultar las relaciones en un momento en que Sánchez necesita apoyos parlamentarios en Madrid.
El PNV no es el único partido que ha expresado su descontento. La formación ERC también ha aumentado la presión sobre el Gobierno, exigiendo un trato más firme en su relación con el PSOE, aunque sin llegar a romper las negociaciones. Los republicanos han dejado claro que no están dispuestos a discutir asuntos como los presupuestos hasta que Sánchez cumpla con lo acordado. Entre los temas pendientes figuran la condonación del FLA y la gestión de Cercanías.
En este contexto, se ha anunciado una reunión entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta. Se espera que este encuentro se celebre en enero en el Palacio de la Moncloa, siendo la primera vez que ambos líderes se reúnan desde la excarcelación de Junqueras tras su participación en el referéndum del 1-O.
A pesar de que aún no ha expresado públicamente su descontento, el Gobierno tampoco está cumpliendo con lo pactado con Sumar. En su acuerdo de coalición, se establecieron múltiples medidas que debían ser llevadas al Congreso, pero han quedado paralizadas debido a la dificultad para alcanzar mayorías necesarias.
