Un juzgado ubicado en Eibar ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno Vasco a compensar a dos trabajadoras de Lanbide por lo que se considera un abuso de temporalidad. A pesar de que ambas funcionarias ya han conseguido plaza fija, el fallo, comunicado por UGT, establece un precedente jurídico significativo a nivel nacional, basándose en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este fallo, el tribunal ha determinado que las indemnizaciones ascienden a 45.938 y 39.401 euros, además de incluir intereses procesales. Ambas trabajadoras habían estado en una situación de «fraude de contratación temporal» durante más de diez años, y lograron consolidar su puesto como funcionarias de carrera a través de los procesos selectivos de estabilización llevados a cabo en 2022.
La resolución indica que transformar contratos temporales en «indefinidos no fijos» no es una medida «proporcional ni adecuada» para abordar el problema del abuso de la temporalidad. Esta decisión subraya que el hecho de que una persona logre superar un proceso selectivo y obtenga la fijeza «no exime a la Administración de su obligación de sancionar el abuso previo y de reparar los daños morales y materiales sufridos durante años de precariedad».
El sindicato UGT Euskadi ha destacado que este veredicto, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, podría ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, consideran que este fallo es solo el comienzo de una ofensiva legal más amplia, ya que están gestionando un total de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide en situaciones similares, para las cuales se espera una resolución en un sentido análogo.
Este caso es emblemático, ya que evidencia la problemática del uso excesivo de la temporalidad en la administración pública, un asunto que ha generado un intenso debate en la sociedad vasca. El Gobierno Vasco ha estado bajo presión para abordar la precarización laboral en el sector público, y este tipo de sentencias refuerzan la necesidad de revisar las políticas de contratación y estabilización de empleo.
Las denuncias de abuso de temporalidad no son nuevas, pero este fallo puede ser un punto de inflexión en la forma en que se gestionan estos casos. Se espera que la administración tome en cuenta este y otros fallos para implementar medidas que garanticen el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de la normativa europea.
La situación de las trabajadoras afectadas resalta la importancia de un enfoque más integral en la regulación del empleo público, donde la temporalidad no sea la norma, sino la excepción. La resolución también plantea interrogantes sobre la futura relación entre el Gobierno Vasco y los sindicatos en la búsqueda de una solución al problema de la precariedad laboral en las administraciones públicas.
Con los cambios legales en marcha y el creciente número de demandas, el futuro de la política laboral en Euskadi podría verse profundamente afectado. Esta sentencia es un recordatorio de que las decisiones administrativas tienen un impacto directo en la vida de los trabajadores, y que estos tienen derecho a una compensación justa por los años de abuso que han sufrido. La evolución de este caso y de otros similares será un aspecto a seguir de cerca en los próximos meses.
