Desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias en materia de política penitenciaria, se ha producido un notable aumento en la concesión de permisos a etarras. Este incremento ha llevado a que el Ejecutivo autonómico, compuesto por PNV y PSOE, haya otorgado en los últimos cinco años casi tantos beneficios de semilibertad como los que se concedieron por parte de la Administración central entre 2003 y 2021.
En concreto, el Gobierno Vasco ha emitido un total de 142 permisos basados en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario desde el 1 de octubre de 2021, de los cuales 49 han sido para miembros de ETA. Este número es solo siete menos que los permisos otorgados durante casi dos décadas bajo la jurisdicción del Ejecutivo central, lo que revela un cambio significativo en la política penitenciaria del País Vasco.
Durante los primeros 18 años, se concedían aproximadamente 3 concesiones de semilibertad anuales a etarras, mientras que en el ámbito autonómico esa cifra se ha elevado a casi 10 permisos anuales. Esto ha generado una fuerte controversia en relación a cómo se gestionan estas solicitudes, especialmente en casos de figuras como Soledad Iparraguirre, alias Anboto, quien ha sido objeto de atención mediática debido a su historial delictivo.
La justificación para la concesión de estos permisos se basa en la necesidad de facilitar la resocialización de los presos a través de actividades laborales o de voluntariado. Para que se otorgue un permiso de este tipo, se requiere que el interno presente un plan de ejecución que detalle sus actividades durante las horas fuera de prisión, el cual debe ser aprobado por la Junta de Tratamiento correspondiente y el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Además, la decisión final está sujeta a la aprobación del tribunal que dictó la sentencia.
Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro rechazó la aplicación de este régimen de semilibertad para Anboto y para Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez. El magistrado argumentó que el uso del artículo 100.2 requiere una justificación sólida, ya que se espera un programa específico que no puede ser implementado de otra manera.
Las decisiones sobre la política penitenciaria han suscitado críticas de diversas asociaciones de víctimas, como Dignidad y Justicia, que han señalado que la aplicación de este artículo a etarras como Txeroki o Anboto es un claro reflejo de «el resultado del pacto de gobernabilidad» entre el PSOE y Bildu. Este acuerdo ha sido cuestionado por permitir que los presos etarras obtengan su libertad sin haber mostrado arrepentimiento o colaboración con la justicia, a pesar de que hay aún 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional.
La actual consejería de Justicia y Derechos Humanos, que está bajo la dirección de la socialista María Jesús San José, ha sido objeto de críticas por parte del Partido Popular, que ha exigido su dimisión. Este partido sostiene que la aplicación de los permisos a etarras equivale a una amnistía encubierta, vinculando estas decisiones a los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu, lo que a su juicio implica una clara influencia de ETA en la política nacional.
La situación actual plantea importantes interrogantes sobre cómo se gestionan las políticas penitenciarias en el País Vasco y su impacto en el proceso de reconciliación y justicia. La discusión sobre la concesión de permisos a etarras y el contexto político en el que se mueve continúa generando debate tanto en Gipuzkoa como en el resto del país.
