El Gobierno Vasco ha expresado su preocupación ante lo que considera una situación «alarmante» en las negociaciones con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. El objetivo de estas negociaciones es completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. El pacto de investidura entre el PSOE y el PNV estableció como fecha límite diciembre de 2025 para que todas las competencias lleguen a Euskadi, un plazo que no se ha cumplido. Actualmente, aún quedan alrededor de 16 materias por discutir, aunque ya hay cinco acuerdos firmados que debían materializarse el 29 de diciembre, pero que se han postergado para una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias programada para el próximo viernes 16.
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha subrayado que la situación es más grave ahora que en diciembre. Ha señalado que no es aceptable que las negociaciones se encuentren en este punto y ha instado a que se resuelvan los problemas técnicos con «voluntad política». Bengoetxea ha indicado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando para solucionar los desacuerdos, especialmente en temas relacionados con la Seguridad Social y otras transferencias necesarias.
El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales confía en que Sánchez cumplirá con sus compromisos, pero Bengoetxea ha advertido que un incumplimiento podría llevar a una reevaluación grave de los acuerdos entre ambos gobiernos, lo que resultaría en un cambio significativo en el escenario político e institucional. Las tensiones aumentan a medida que se aproxima la reunión del viernes, y el Gobierno Vasco ha advertido que la relación entre los dos ejecutivos podría complicarse si no se concreta el acuerdo entre el PNV y el PSOE.
Durante su mensaje de fin de año, el lehendakari Imanol Pradales ya alertó a Sánchez sobre la posibilidad de que la «paciencia se agote». En este contexto, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha indicado que si no se cumplen los acuerdos firmados, el PNV tendría «las manos libres» para votar en contra de las propuestas del Gobierno central en el Congreso de los Diputados.
La lista de cinco transferencias que deberían discutirse en la comisión incluye prestaciones no contributivas de la Seguridad Social para el cuidado familiar, la prestación contributiva de desempleo, el subsidio no contributivo del paro, la verificación de maquinaria de Barakaldo en salud laboral y el salvamento marítimo. Sin embargo, también hay diez documentos pendientes de discusión, donde se encuentran los principales obstáculos, como la gestión de infraestructuras clave, incluidas el control de aeropuertos y el traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi.
El Gobierno Vasco es consciente de que la posición del Gobierno central en Madrid es frágil, lo que subraya la necesidad de cerrar el acuerdo de transferencias lo antes posible. Las dificultades parlamentarias con las que enfrenta Sánchez son cada vez mayores, en un contexto donde partidos como Podemos y Junts se oponen frontalmente, y ERC plantea exigencias relacionadas con el modelo de financiación de Cataluña. Estos factores dificultan la aprobación de las propuestas de la coalición PSOE-Sumar, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado.
La situación se complica aún más por el escándalo del caso ‘Abalos-Cerdán’, que ha puesto al Partido Socialista en una posición delicada. El PNV ha señalado que su umbral para retirar el apoyo a Sánchez sería cualquier sentencia que demuestre financiación ilegal en el PSOE. Ante la posibilidad de elecciones generales anticipadas y la llegada del PP y Vox al poder, el PNV intensifica sus presiones sobre el Gobierno central, consciente de que perder esta oportunidad podría llevar años en recuperarse. El tiempo corre y la atención se centra ahora en la inminente reunión del viernes, que podría ser crucial para la resolución de las transferencias pendientes.
