Los primeros meses de gestión de Jon Insausti como alcalde de Donostia están marcados por la proximidad de las elecciones municipales de 2027. El PNV ha respaldado su candidatura con la esperanza de revertir la pérdida de casi 10.000 votos experimentada por su predecesor, Eneko Goia, quien ha sido recientemente fichado por la Fundación Sabino Arana tras su renuncia. Para mantener el control en la capital guipuzcoana, Insausti ha decidido modificar las políticas en comparación con las de su antecesor, centrando su atención en áreas como la seguridad y la vivienda, temas que han generado tensiones con el Gobierno Vasco.
Desde su llegada al cargo, la seguridad ha cobrado gran relevancia en la agenda local. Insausti ha afirmado que «Donostia tiene que seguir siendo segura» y ha propuesto medidas como la divulgación del origen de los detenidos por la Guardia Municipal. Esta propuesta, que Insausti apoya fervientemente, ha tenido eco en el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, quien anunció que la Ertzaintza aplicará esta medida. El alcalde considera que esta colaboración entre los cuerpos de seguridad «reforzará el modelo de Policía Vasca» y facilitará un «ejercicio de transparencia» que ayudará a desmantelar estigmas y discursos populistas, especialmente ante la necesidad de evitar la fuga de votos hacia el PP y la ultraderecha.
Sin embargo, esta decisión ha provocado fricciones con su socio en el gobierno local, el PSE, que opina que tal medida no contribuye a combatir los estigmas sociales. Además, el PNV de Bilbao ha criticado esta opción, argumentando que no tiene valor añadido. A pesar de este desacuerdo, Insausti ha continuado con el proyecto del anterior alcalde de construir una comisaría conjunta para la Ertzaintza y la Guardia Municipal en el barrio de Egia.
Otro de los ejes fundamentales en la gestión de Insausti es la problemática de la vivienda. Consciente de la grave crisis de acceso a este recurso, ha hecho de la promoción de vivienda un punto clave. Después de que Goia dejara la alcaldía con la adquisición de terrenos de los antiguos cuarteles de Loiola, Insausti busca avanzar rápidamente en este terreno. Esta situación se complica con la presencia del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, quien también aspira a capitalizar esta cuestión en el debate político.
A lo largo de su mandato, ha habido un intercambio constante de declaraciones entre ambos políticos. En febrero, Insausti y el lehendakari Imanol Pradales anunciaron la construcción de viviendas en Riberas de Loiola, lo que desató críticas de Itxaso, quien argumentó que se estaban presentando propuestas sin un proyecto definido. Además, existe un conflicto en torno a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el barrio del Infierno, donde el Gobierno Vasco ha advertido que si no se ceden los terrenos, destinará el dinero a otras localidades, lo que podría provocar demoras en la construcción. Insausti sostiene que una gestión municipal acelerará el proceso, enfatizando la necesidad de ofrecer soluciones rápidas a la clase media de Donostia, que a menudo se ve forzada a abandonar su ciudad.
En el ámbito del turismo, la imposición de una tasa turística se ha convertido en otra de las prioridades de Insausti. A pesar de que su predecesor ya había instado al Gobierno Vasco a implementar este canon, parece que la propuesta comienza a tomar forma bajo su liderazgo. Además, la limitación de grupos guiados y las decisiones sobre la ordenanza de terrazas también reflejan un cambio en la política del nuevo alcalde. Goia había empezado a modificar esta norma, vigente desde su aprobación por EH Bildu en 2014, pero Insausti ha decidido frenar ese proceso para crear una nueva regulación desde cero, buscando que la futura corporación pueda abordar la cuestión de manera más efectiva.
Con estos cambios, Insausti se enfrenta a un desafío considerable para consolidar su liderazgo en un contexto político complejo, donde la presión por resultados se intensificará a medida que se acerquen las próximas elecciones. La gestión de la seguridad, la vivienda y la tasa turística son solo algunas de las áreas que definirán su mandato y marcarán su relación con el Gobierno Vasco y otros actores políticos en Gipuzkoa.
