El Gobierno Vasco ha anunciado este viernes su disposición a aceptar una reestructuración de la deuda que la empresa Tubos Reunidos tiene con la administración, que asciende a 16 millones de euros. La propuesta se plantea en el contexto de una reunión con los comités de empresa, donde se enfatizó que este proceso se realizaría «siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional».
En la misma reunión, el Ejecutivo ha manifestado su interés en colaborar con inversores privados para asegurar un «proyecto industrial sólido y de futuro» para Tubos Reunidos. Este modelo se enmarca dentro de las iniciativas de colaboración público-privada que ha implementado el Gobierno Vasco en otros proyectos industriales en Euskadi, como el caso de la colaboración con Talgo, donde se formó un consorcio junto a entidades como Kutxabank, Fundación BBK y Fundación Vital, sumando el apoyo de Sidenor como socio industrial.
Por otro lado, el Ejecutivo ha destacado la importancia de mantener «contacto directo» con los representantes de los trabajadores y la dirección de Tubos Reunidos para analizar el plan de viabilidad de la empresa. Sin embargo, han advertido que este plan depende de la reestructuración de la creciente deuda que ha pasado de 234,3 millones a 263,2 millones de euros en el último año. La situación actual hace «muy improbable encontrar inversores privados» dispuestos a realizar aportaciones significativas.
Durante el encuentro, también se hizo presente la Diputación Foral de Álava, que, junto a la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Amurrio y Trapagaran, expresó su disposición para reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución. Asimismo, se comprometieron a colaborar en un proyecto industrial que garantice el futuro de Tubos Reunidos.
En un paso adicional, el Gobierno Vasco ha comenzado conversaciones con el Ministerio de Industria del Gobierno central para explorar la posibilidad de reestructurar toda la deuda, que incluye 112 millones de euros prestados por la SEPI tras la pandemia. Agradecieron la buena disposición del gobierno español para trabajar en soluciones que permitan viabilizar la situación financiera de Tubos Reunidos. Aunque no se contempla la condonación ni el aplazamiento de la deuda, sí se están considerando alternativas que podrían ofrecer «mejores costes de financiación y menores intereses».
Finalmente, los representantes institucionales mostraron su solidaridad con los 301 trabajadores afectados por el ERE anunciado. En este contexto, reafirmaron su «postura firme en defensa del empleo industrial en Euskadi», instando a que el proceso de consulta y negociación minimice el impacto social del expediente de regulación de empleo. Se espera que estos esfuerzos contribuirán a encontrar un camino viable para el futuro de Tubos Reunidos y sus empleados.
