El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha manifestado su “respeto absoluto” hacia la decisión tomada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien ha decidido revocar el régimen de semilibertad que se había otorgado a Soledad Iparragirre, exdirigente de ETA conocida como ‘Anboto’. Esta revocación implica su inmediato reingreso en prisión.
Fuentes del mencionado departamento, dirigido por la consejera María Jesús San José, han declarado a Europa Press que la actuación del Ejecutivo se ha realizado dentro del “marco legal vigente”, asegurando que no hay “ninguna ilegalidad” en la implementación de medidas de flexibilización penitenciaria. Estas medidas están reguladas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El Gobierno Vasco ha reiterado su compromiso con el respeto hacia las resoluciones judiciales, enmarcando la decisión del juez como parte de los “mecanismos de garantía propios del Estado de Derecho”. En este contexto, han defendido que el sistema penitenciario actual es “plenamente garantista” y han subrayado que la discrepancia en este caso radica en una “diferente ponderación” de los objetivos de la pena, que incluyen tanto la reinserción como la retribución.
Soledad Iparragirre había obtenido la autorización para salir de prisión el pasado 23 de marzo, basándose en la propuesta de la Junta de Tratamiento, que le permitía salir durante el día en días laborables, aunque debía regresar por las noches y permanecer recluida los fines de semana.
El juez Castro, en su fallo, no solo ha rechazado la aplicación de este régimen para Iparragirre, sino que ha planteado la necesidad de una revisión del propio artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. A su juicio, este tipo de decisiones pueden generar “falsas expectativas” en los internos, así como “desasosiego innecesario” entre las víctimas y la ciudadanía, debido a lo que considera cambios difíciles de comprender en las resoluciones de excarcelación y reingreso en prisión.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha expresado su apoyo a las resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que han invalidado los artículos 100.2 concedidos a Iparragirre y a Juan Ramón Carasatorre, rechazando su semilibertad. En un comunicado, Covite ha afirmado que estas decisiones constituyen un «respaldo inequívoco» a su denuncia sobre el hecho de que se está “vaciando de contenido la legalidad penitenciaria” para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA, lo que vulnera el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia.
El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, también ha criticado la situación, afirmando que en el caso de Iparragirre no se estaba aplicando la ley penitenciaria de manera correcta. Según él, se estaba “aplicando la ley del embudo”, sugiriendo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado compromisos con Bildu que están siendo ejecutados por el Gobierno Vasco formado por el PNV y el PSOE.
Este asunto resalta un tema sensible en la sociedad vasca, donde la memoria de la violencia sufrida por las víctimas del terrorismo continúa siendo un punto de fricción en el debate público. La decisión del juez y las reacciones posteriores indican que el tema de la semilibertad de los reclusos de ETA sigue generando controversia y es objeto de un constante escrutinio tanto legal como social.
De cara al futuro, la revisión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario podría abrir un nuevo debate sobre las políticas penitenciarias en España, así como sobre el equilibrio entre la reinserción social de los reclusos y la garantía de derechos para las víctimas del terrorismo. La situación actual y las decisiones judiciales podrían marcar un punto de inflexión en cómo se gestionan estos casos en el contexto del sistema penitenciario español.
