El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha manifestado su preocupación tras la negativa del Ayuntamiento de Donostia a ceder dos parcelas municipales en la zona de El Infierno, destinadas a la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler. Según el departamento, esta situación podría resultar en la pérdida de recursos públicos que, de no ser utilizados en esta área, se destinarían a otras promociones de vivienda protegida en diferentes municipios de la comunidad autónoma.
Esta decisión ha sido criticada por varios grupos políticos, incluyendo a EH Bildu, PSE y Elkarrekin, quienes señalan que el desarrollo de estas viviendas podría aliviar la elevada demanda existente en la ciudad, especialmente entre los jóvenes donostiarras. El departamento ha subrayado que este proyecto es crucial para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, lo que podría contribuir a la emancipación de muchos jóvenes.
A pesar de la falta de respuesta formal por parte del Consistorio, el Gobierno Vasco ha reiterado su intención de llevar a cabo esta actuación, que permitiría la creación de aproximadamente 270 nuevas viviendas protegidas. Este objetivo es especialmente relevante dado el alto nivel de tensión en el mercado residencial de Donostia, que presenta un notable déficit de vivienda protegida.
El Gobierno Vasco prevé aprobar el contrato programa correspondiente a 2027 el próximo 13 de mayo en el Consejo de Administración de Visesa, que es el organismo encargado de planificar y gestionar la construcción de vivienda pública. Este contrato establecerá los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos en distintas parcelas de Euskadi. La planificación actual contempla la construcción de más de 800 viviendas distribuidas en seis municipios vascos.
La propuesta de construir en El Infierno se compara con otra promoción que se iniciará próximamente en el barrio de Loiola, donde se construirán 98 viviendas públicas en alquiler en Ciudad Jardín. Este acuerdo, firmado con el exalcalde Eneko Goia, está programado para comenzar en junio. La ejecución de estos proyectos podría seguir plazos similares, mostrando la voluntad del Gobierno Vasco de reactivar el desarrollo de vivienda pública en San Sebastián.
Desde el departamento, se ha enfatizado que hay disponibilidad presupuestaria y la voluntad política para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Visesa no solo se encargará de la construcción sin costo para el Ayuntamiento, sino que también asumirá los gastos relacionados con la explotación futura de estas viviendas a través de Alokabide, la agencia pública de alquiler.
El enfoque del Gobierno Vasco se centra en promover el alquiler protegido en lugar de la venta, manteniendo la titularidad pública de las viviendas como un bien estratégico. Esta decisión se enmarca en un modelo de vivienda protegida que busca adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, sin verse condicionada por las competencias urbanísticas del Ayuntamiento.
La negativa del Ayuntamiento a ceder las parcelas ha cerrado una puerta que parecía abrirse en los últimos meses. La posible colaboración entre el Gobierno Vasco y el Consistorio es vista como una vía necesaria para abordar la crisis de vivienda que está afectando a Donostia y a muchos de sus habitantes. La situación actual plantea un desafío tanto para la administración local como para la autonómica, que deberán encontrar soluciones efectivas que atiendan la creciente demanda de vivienda en la capital guipuzcoana.
