Uber ha estado operando en las carreteras de Gipuzkoa durante más de dos meses y, tras un periodo de incertidumbre en el que las instituciones locales reconocieron que la mayoría de sus servicios urbanos «no cumplen la normativa», se empieza a vislumbrar una solución. Según fuentes consultadas, la Diputación de Gipuzkoa ha aceptado, a pesar de sus posturas anteriores, que tiene la autoridad para sancionar a los vehículos de Uber que recogen y dejan pasajeros dentro de un mismo municipio. Esta nueva postura implica que los ayuntamientos de Gipuzkoa también tienen responsabilidad, empezando por Donostia, que esta semana ha presentado una primera remesa de 60 denuncias relacionadas con estos viajes.
La situación se había vuelto compleja, ya que ni la Diputación de Gipuzkoa ni el Ayuntamiento donostiarra, que concentra «más del 98% de los viajes urbanos de Uber», estaban dispuestos a actuar, a pesar de que desde el 18 de febrero se afirmaba que las actividades de Uber eran irregulares. La confusión se intensificó cuando el alcalde Jon Insausti solicitó a la Diputación de Bizkaia, responsable de las licencias interurbanas, que interviniera en la sanción de estos servicios. Sin embargo, la respuesta de Bizkaia fue negativa, alegando que no tenían jurisdicción en este asunto y que esta responsabilidad recaía en Gipuzkoa.
Después de semanas de disputa y tras un análisis de la normativa vigente, la Diputación de Gipuzkoa finalmente ha reconocido su competencia para intervenir en los viajes urbanos de Uber, y ha comenzado a recibir los boletines de denuncia de los ayuntamientos, que son esenciales para formalizar las sanciones. Donostia, por su parte, ya ha comenzado a enviar las denuncias correspondientes al departamento de Movilidad, asegurándose de que se tomen las acciones necesarias.
La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, informó que Uber ha realizado viajes urbanos no solo en Donostia, sino también en localidades como Hernani y Usurbil, aunque enfatizó que estos representan menos del 2% de sus servicios en Gipuzkoa, siendo la gran mayoría concentrados en la capital guipuzcoana. Este cambio en la postura de la Diputación de Gipuzkoa pone de manifiesto la necesidad de una colaboración efectiva entre el gobierno foral y los municipios para abordar la situación de manera integral.
La portavoz foral, Irune Berasaluze, había afirmado previamente que no podían intervenir en los viajes urbanos, pero ahora están preparados para sancionarlos. Esta colaboración podría ser clave, y Domínguez ha ofrecido «asesoramiento» a los ayuntamientos que detecten estos servicios ilegales para que sus agentes sepan cómo actuar. Hasta el momento, cinco municipios han respondido positivamente a esta oferta, y se están organizando reuniones para capacitar a las policías locales en este ámbito.
El Ayuntamiento de Donostia, que había considerado que la Guardia Municipal solo tenía competencia para regular el tráfico, ahora acepta que puede desempeñar un papel activo en la inspección y denuncia de los servicios de Uber. Este desarrollo se produce tras la respuesta del Gobierno foral, que ha sido clara sobre las responsabilidades que deben asumir las instituciones locales.
Una vez que se formalicen las sanciones, será interesante observar la respuesta de Uber, que ha entrado en Gipuzkoa con la conciencia de que sus operaciones urbanas no se ajustan a la normativa actual, aunque la multinacional también sostiene que esta normativa podría ser ilegal, un asunto que eventualmente deberá resolver la justicia. Mientras tanto, la colaboración entre las instituciones y la vigilancia de las operaciones de Uber marcarán el futuro de este servicio en Gipuzkoa, que continúa siendo un tema polémico en la región.
