La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha determinado sanciones que suman alrededor de 900.000 euros a un total de 31 empresas de autobuses, debido a su participación en un «boicot» a las licitaciones de transporte escolar para el curso 2023/2024. Esta decisión se basa en una investigación exhaustiva que abarca más de 16.000 páginas de documentación y 163 resoluciones, revelando que dichas empresas llevaron a cabo una “forma de coacción” hacia el Departamento de Educación, intentando forzar un cambio en las condiciones del servicio, lo que conllevó un aumento del 6% en los precios para el año siguiente, 2024/2025.
Los instructores de la investigación, Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, han destacado que, desde el curso 2019/2020, el servicio de transporte en la red pública, que abarca aproximadamente al 50% del alumnado, se ha otorgado mediante “adjudicaciones directas”, sin un concurso público adecuado. Las causas incluyen la presentación de 14 recursos en 2021, de los cuales 11 fueron aceptados, lo que llevó a la Administración a renunciar a un concurso. En 2022, las alegaciones de las empresas también resultaron en la anulación de la licitación.
En 2023, al inicio de la investigación, el concurso no fue cancelado, aunque las respuestas a los recursos comenzaron a indicar “mala fe” por parte de las empresas. La escasa participación se evidenció en Álava y Bizkaia, donde la mayoría de las compañías que optaron a las licitaciones eran ajenas a la región. Solo ocho empresas se presentaron en Álava, de las cuales siete eran de fuera, cubriendo apenas el 10% del servicio. Bizkaia enfrentó una situación aún más preocupante, ya que no se recibió ninguna oferta válida, dejando el 100% de las rutas sin cubrir. En Gipuzkoa, la participación fue del 38%, pero la investigación sugiere que hubo una “coacción ejercida colectivamente” sobre el poder adjudicador, con un presupuesto total estimado de casi 100 millones de euros para un periodo de dos años.
El inicio del curso escolar 2023/2024 fue problemático, con la falta de autobuses en los primeros días debido a un boicot a una “orden forzosa” del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que buscaba la prórroga de las adjudicaciones anteriores. La situación se normalizó el 18 de septiembre, cuando se garantizó un incremento en los precios. En marzo de 2024, se confirmó una mejora del 6% en los costos. Ante esta crisis, el Gobierno Vasco tuvo que implementar ayudas económicas extraordinarias para facilitar los desplazamientos en otros medios de transporte.
La repercusión del caso ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión del consejero Bildarratz, quien contrató como asesor jurídico a Joanes Labayen, un abogado del bufete Cuatrecasas, con vínculos estrechos con el PNV y que también había estado involucrado en una empresa de autobuses no sancionada en esta trama. La resolución de la AVC, que desestima las alegaciones de las empresas implicadas, considera que la práctica colusoria detectada es “muy grave” y se trata de una de las sanciones más severas impuestas por este organismo hasta la fecha.
A pesar de la gravedad de las sanciones, la AVC no ha prohibido a estas empresas volver a contratar con la Administración, ya que esto podría afectar la prestación del servicio, dado que hay un número limitado de empresas capaces de realizar las rutas. La investigación ha llevado a la apertura de varias piezas separadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En términos económicos, la resolución de la AVC indica que el impacto financiero para las arcas públicas es mayor al 3% que se ha impuesto como sanción. La administración, al realizar un concurso, suele ahorrar un 8% en comparación con el precio de salida. Sin embargo, sin un concurso adecuado, se incurre en un costo adicional, siendo un 6% más altos los precios cuando están implicadas las empresas actualmente sancionadas.
