Euskadi, en la actualidad, presenta una incidencia de delincuencia juvenil que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, con 12,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, destaca por contar con uno de los índices más altos de reinserción del Estado. Desde el año 2021, la tasa de reincidencia ha disminuido del 13 % al 11 %, lo que implica que 9 de cada 10 menores no vuelven a delinquir. Las mediaciones, que incluyen la reflexión sobre el daño causado, el pedido de perdón a la víctima o la realización de trabajos comunitarios, presentan un nivel de éxito del 73%.
El perfil típico del delincuente juvenil corresponde a un varón de entre 16 y 17 años, originario de Euskadi y sin antecedentes, que comete delitos como hurtos o agresiones. Muchos de estos jóvenes enfrentan problemas como el fracaso escolar o situaciones familiares difíciles. Del total de delitos, cerca del 28 % son perpetrados por extranjeros, quienes, a pesar de enfrentar barreras como el arraigo o el idioma, muestran tasas de reinserción similares a la media, gracias a programas de pisos tutelados y el apoyo de educadores especializados.
Uno de los objetivos clave del VI Plan de Justicia Juvenil de la CAPV (2025-2029), aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, es la prevención de la delincuencia entre jóvenes de 14 a 18 años, así como su posterior reinserción. Este plan también enfatiza la importancia de la justicia restaurativa, que no solo se centra en la sanción, sino que busca reparar el daño causado mediante la participación de las víctimas y toda la comunidad afectada.
La desestructuración familiar, la falta de recursos y un sistema educativo que no logra integrar a todos los jóvenes son algunos de los factores que contribuyen a la exclusión. Por ello, el nuevo plan busca intervenir en estos factores de riesgo, que incluyen la influencia de las nuevas tecnologías, el consumo de sustancias, el aumento de problemas de salud mental, y la falta de ocio estructurado. Todos estos aspectos se consideran esenciales para abordar el contexto en el que se producen los delitos.
Existen centros de internamiento para los delitos más graves, como el de Ibaiondo (Zumarraga), pero también hay programas específicos como Hurbiltzen, destinado a jóvenes que cometen violencia filio-parental. Otro programa, Ekilore, ofrece pisos tutelados y acompañamiento para fomentar la independencia y la búsqueda de empleo. Asimismo, Suspertu se enfoca en la prevención y tratamiento de adicciones. En cuanto a la formación laboral, se llevan a cabo talleres de inserción y se establecen convenios con empresas para que los menores puedan realizar prácticas y obtener titulaciones oficiales de FP.
Entre 2020 y 2024, se registraron un total de 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 correspondieron a delitos —principalmente hurtos, lesiones y violencia doméstica—, mientras que 1.967 fueron delitos leves. De estas, se aplicaron 3.611 medidas, donde el 75% se ejecutaron en medio abierto, destacando la libertad vigilada y las tareas socioeducativas. Durante este mismo periodo, se dictaron 2.738 sentencias condenatorias, en contraposición a 222 absolutorias, mostrando que la mayoría de los delincuentes son varones de 16 y 17 años nacidos en Euskadi.
El Gobierno Vasco estima que la justicia restaurativa ha jugado un papel fundamental, con 2.470 mediaciones realizadas en este tiempo, un 73% de las cuales resultaron positivas. Este enfoque promueve la responsabilidad, la reparación del daño y el compromiso de los menores en sus acciones. Para llevar a cabo todas estas iniciativas, el VI plan contempla una inversión que supera los 128 millones de euros, centrada en los centros educativos donde se ejecutan las sentencias.
El principal esfuerzo económico se dirige a la atención en los centros, con 100,7 millones de euros distribuidos entre el centro Ibaiondo y otros centros de gestión social. Además, se asignan 12,5 millones de euros para programas de medio abierto y 14,7 millones para garantizar la seguridad en estas instalaciones. Este modelo vasco, que prioriza la inversión en equipos multidisciplinares, se traduce en una alta ratio de profesionales por menor, asegurando un seguimiento cercano y constante, aspecto que contribuye a su alta tasa de reinserción.
