La consejera María Ubarretxena ha expresado su descontento con la gestión del proceso de regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno Vasco. Según ella, la falta de colaboración ha llevado a situaciones complicadas para los ayuntamientos, que han recibido de manera inesperada la responsabilidad de validar informes de vulnerabilidad. Estos informes son necesarios para aquellos migrantes que no pueden demostrar un contrato laboral, no tienen redes familiares o no pueden acreditar la intención de emprender una actividad económica. La parte vasca desconocía este trámite hasta que fue publicado en el decreto del Gobierno español, lo que ha generado inquietud en las autoridades locales.
Ubarretxena sostiene que, además de medidas puntuales, se necesita una solución estructural para gestionar el fenómeno migratorio, que parece haber llegado para quedarse. Considera que el papel del Gobierno Vasco es limitado, actuando solo como un intermediario de las decisiones tomadas en Madrid, y desea que la ciudadanía entienda este contexto. Por otro lado, el Ejecutivo de Imanol Pradales mantiene su enfoque de evitar controversias y de no exacerbar tensiones en un momento tan crítico.
El día en que se inició la regularización presencial, con colas visibles en diversas ciudades del Estado, el Gobierno Vasco ha decidido priorizar la cooperación para asegurar que este proceso se desarrolle sin contratiempos. El viceconsejero Xabier Legarreta ha afirmado que esta iniciativa es positiva, ya que permitirá a los migrantes que ya residen en la comunidad vasca tener seguridad jurídica, lo que les permitirá contribuir a la sociedad de manera más efectiva, en lugar de permanecer en la «economía sumergida». Esta regularización afectará a medio millón de personas en general, de las cuales 26.000 se encuentran en el País Vasco.
Legarreta ha destacado que el objetivo principal no es la llegada de nuevos migrantes, sino regularizar la situación de aquellos que ya están en la comunidad. Para ello, uno de los requisitos es haber residido en el territorio durante al menos cinco meses. Asimismo, ha subrayado que se han tomado medidas para garantizar que quienes accedan a este proceso no tengan antecedentes penales, ni en el país de origen ni en España, desmintiendo así rumores de que personas con intenciones delictivas puedan beneficiarse de esta regularización.
En una reciente entrevista en Onda Vasca, el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico expresó la necesidad de una colaboración efectiva, especialmente tras las dificultades surgidas en la tramitación de la regularización. Ha solicitado reuniones bilaterales con el Gobierno español para abordar la distribución de menores migrantes no acompañados, una cuestión que ha sido bloqueada por el PP en conferencias sectoriales anteriores. A pesar de su descontento con la gestión, enfatizó que no es momento de elevar el tono, sino de cooperar para forjar un futuro social más cohesionado.
El Gobierno español ha establecido el plazo para las solicitudes hasta el 30 de junio, permitiendo que los migrantes regularicen su situación durante un año, tras el cual deberán renovar su permiso presentando informes de arraigo emitidos por las comunidades autónomas. Sin embargo, la inclusión de informes de vulnerabilidad ha sorprendido a los ayuntamientos, que no estaban al tanto de esta exigencia. Estos informes son necesarios para aquellos que no pueden demostrar su situación laboral o no han solicitado asilo.
Legarreta ha indicado que la falta de información previa ha puesto presión sobre los servicios sociales municipales. No obstante, confía en que el proceso puede desarrollarse correctamente, destacando la apertura de una oficina en Bilbao para facilitar la regularización. Por otro lado, el PNV se ha distanciado del boicot promovido por el PP, que teme que se presenten mociones en contra de este proceso.
La ministra Elma Saiz ha minimizado las preocupaciones, sugiriendo que la tramitación adicional puede realizarse de manera sencilla a través de plataformas digitales. Sin embargo, ha hecho un llamado a la colaboración entre administraciones para evitar obstáculos. Legarreta, por su parte, ha criticado la «improvisación» del Estado y ha subrayado que la migración es un fenómeno estructural que requiere un enfoque a largo plazo.
En cuanto a otros grupos de migrantes, se ha señalado que los apátridas, incluidos los saharauis y algunos ucranianos, no serán beneficiados por este proceso. Aunque los ucranianos tienen un acceso más sencillo a los permisos gracias a normativas europeas, la situación de los saharauis sigue siendo problemática. Además, el decreto menciona las lenguas oficiales en el proceso de renovación de permisos, aunque su redacción ha sido considerada limitada.
El Gobierno Vasco sigue impulsando iniciativas para que el aprendizaje de las lenguas oficiales, como el euskera, sea un elemento positivo en la valoración de los arraigos, aunque espera que el Gobierno español reconozca esta necesidad de forma más explícita. Este enfoque busca integrar a los migrantes en la sociedad, facilitando su adaptación y participación activa en la comunidad vasca.
