El Gobierno Vasco ha acogido con satisfacción la reciente decisión del Ejecutivo central de desclasificar una serie de documentos relacionados con el intento de golpe de estado del 23-F de 1981. La consejera María Ubarretxena destacó que esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez representa «un paso en la buena dirección». Sin embargo, también advirtió sobre la existencia de una ley de secretos oficiales, herencia del franquismo, que no se ajusta a los estándares democráticos actuales. En este contexto, el PNV ha instado en varias ocasiones desde el Congreso a reformar esta normativa, que data de 1968.
Paralelamente, el Gobierno Vasco continúa insistiendo en que se cierren los nuevos traspasos de competencias a Euskadi antes de la próxima Semana Santa. Ubarretxena afirmó que ambas administraciones «siguen trabajando» para lograr avances en esta materia. Recordó que el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han acordado celebrar una comisión bilateral de cooperación antes de dicha fecha, con el objetivo de acordar nuevas transferencias.
Entre los temas pendientes se encuentra el futuro de los tres aeropuertos de la comunidad, especialmente tras la reciente aprobación por parte de Aena de su plan de inversiones para los próximos años. Aunque Ubarretxena no ofreció detalles sobre la situación actual de la negociación, confirmó que el miércoles se llevará a cabo una reunión en Madrid con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el jueves con el Ministerio de Política Territorial. «Estamos en un proceso de diálogo y negociación, que es fundamental», añadió.
En lo que respecta al acto celebrado por Vox el pasado lunes en el campus de Vitoria de la EHU, la portavoz del Ejecutivo vasco expresó su satisfacción por el hecho de que este concluyera sin incidentes. «Es una buena noticia que no se produjeran altercados», señaló. No obstante, hizo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de que el Departamento de Seguridad deba desplegar un dispositivo policial para garantizar la seguridad, a raíz de la decisión de EHU de cerrar el campus por la presencia de un partido de ultraderecha.
