El Gobierno Vasco ha aprobado este martes un nuevo decreto destinado a regular las Ayudas de Emergencia Social en Euskadi, disponiendo de una partida de 41,5 millones de euros. Esta medida se considera «una de las prestaciones de mayor cuantía» incluidas en el presupuesto regional y tiene como objetivo prevenir y mitigar situaciones de exclusión social.
La portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, enfatizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este nuevo marco legal busca adaptar la normativa, vigente desde 2011, a las realidades actuales. La consejera subrayó la importancia de estas ayudas, destacando su papel fundamental en la dignidad y sostenibilidad de las familias en situaciones vulnerables.
Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, explicó los cambios propuestos en el sistema de financiación. «El objetivo es que las ayudas lleguen a tiempo y de manera eficiente», indicó. Con esta nueva regulación, se vuelve a un sistema previo a la publicación de la Ley de la RGI, con pagos a los municipios en dos momentos del año. Al inicio del año, el Gobierno Vasco proporcionará a los ayuntamientos un importe máximo de la cuantía programada, que alcanza los 31 millones de euros.
Además, Melgosa abordó los casos en que los ayuntamientos aportaron fondos de sus propios presupuestos en el año 2025. «Una vez recibidas las justificaciones de gasto, se procederá a distribuir el resto del crédito consignado», aseguró. Este enfoque busca garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos destinados a las Ayudas de Emergencia Social.
Entre las novedades más significativas, se establece que las ayudas para alquiler se asignarán, en principio, a un máximo de dos unidades convivenciales por vivienda. Asimismo, se ajustan los criterios para determinar quiénes son los beneficiarios, reduciendo el grado de consanguinidad y afinidad considerado. Así, el nuevo decreto incluye a cónyuges, padres, madres, hijos, abuelos y nietos dentro de este segundo grado de parentesco.
La consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha sido clara al abordar los nuevos criterios. A pesar de las inquietudes que puedan surgir, afirmó que no se han endurecido las condiciones para acceder a estas ayudas, sino que se está cumpliendo lo estipulado en «la prestación económica de vivienda». Esta aclaración busca despejar dudas sobre la accesibilidad de las ayudas para las familias necesitadas.
Finalmente, Melgosa destacó que la aprobación de este decreto marca un avance en la protección social para aquellas personas en riesgo de exclusión. «El nuevo marco incluye la cobertura social para quienes participan en programas vinculados a las administraciones públicas», agregó. Como ejemplo, mencionó el programa ‘Trapezistak’, que está orientado a la integración de jóvenes sin referentes familiares, reflejando así el compromiso de Euskadi con la protección de sus ciudadanos más vulnerables.
