La Autoridad Vasca de la Competencia ha decidido imponer sanciones económicas a 31 empresas de transporte escolar debido a su implicación en un boicot dirigido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco durante el proceso de licitación para el curso 2023/2024. Esta resolución fue anunciada el jueves, y establece que las empresas involucradas llevaron a cabo una conducta coordinada, lo que constituye una infracción «muy grave» de la normativa de competencia.
El expediente fue iniciado en septiembre de 2023 y ha sido resuelto por el Consejo Vasco de la Competencia, el cual determinó que se violó el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Las sanciones impuestas suman un total de 867.000 euros, con multas que varían entre los 1.500 y los 178.447 euros, en función de la gravedad de los hechos y del volumen de negocio de cada empresa.
La resolución detalla que las compañías involucradas adoptaron una serie de prácticas que evidencian una estrategia común para obstruir la contratación pública. Entre estas acciones se incluyen la presentación de un número reducido de ofertas, el envío de propuestas incompletas sin subsanación en el plazo estipulado, así como la negativa a prestar el servicio bajo las mismas condiciones que en el curso anterior.
Además, se ha constatado el incumplimiento de órdenes de ejecución forzosa y retrasos significativos en el inicio del servicio, que, en muchos casos, no comenzó hasta el 18 de septiembre de 2023, cuando ya se había iniciado el expediente sancionador.
El órgano regulador ha enfatizado que estas acciones se llevaron a cabo «de manera uniforme y en un periodo coincidente», lo que refuerza la conclusión de que existió una coordinación entre las empresas implicadas. Este comportamiento ha sido considerado por las autoridades como un intento de manipulación del mercado que perjudica tanto a los usuarios como al propio sistema de contratación pública.
Por otro lado, de las 31 empresas sancionadas, 28 han logrado eludir las multas, ya que no se ha podido demostrar su participación en las prácticas prohibidas. Las 31 empresas sancionadas enfrentarán multas que se calculan en función de la gravedad de los hechos y su facturación, con la legislación actual permitiendo penalizaciones de hasta el 10% de la facturación anual.
La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia agota la vía administrativa, aunque las empresas afectadas tienen la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro de un plazo de dos meses. Este proceso resalta la importancia de la competencia leal en el sector del transporte escolar y el compromiso del Gobierno Vasco de asegurar prácticas justas en la contratación pública.
Este caso subraya la necesidad de una vigilancia constante en el sector público para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan afectar la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. La importancia de mantener un mercado competitivo no solo asegura mejores servicios, sino que también protege los intereses de la comunidad educativa y, por ende, de la sociedad en su conjunto.
