El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado una multa de 500 euros impuesta a una trabajadora de una farmacia en San Sebastián, quien había denunciado la falta de pago por las horas de guardia que le correspondían, aunque no fue requerida para trabajar. Esta decisión revoca la sentencia anterior y destaca la vulneración de los derechos procesales de la empleada, al no permitírsele defenderse adecuadamente antes de la sanción.
La farmacéutica, situada en el corazón de Donostia, había interpuesto una demanda contra la empresa por no abonar las horas correspondientes a los turnos de guardia designados entre 2023 y 2024. Durante ese período, la trabajadora estuvo de guardia un total de 28 jornadas en días laborables y otras 11 en festivos, reclamando así una compensación económica por las horas extraordinarias no pagadas.
En su reclamación, la empleada solicitaba 23,49 euros por cada hora extra trabajada en 2023 y 33,34 euros por cada hora en 2024, conforme a la normativa vigente en esas fechas. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián desestimó inicialmente su solicitud y, además, le impuso la multa alegando que su denuncia fue temeraria.
Frente a ese veredicto, la trabajadora presentó una apelación, lo que llevó a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revisara el caso. Este alto tribunal ha dictaminado que la sanción fue irregular, señalando que la trabajadora no tuvo la oportunidad de presentar alegaciones antes de la imposición de la multa. De acuerdo con el artículo 97.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), es esencial conceder una audiencia previa a las partes antes de imponer una sanción.
Con base en esta revisión, el TSJPV ha ordenado que el caso regrese al Juzgado de lo Social de Donostia, donde se permitirá que todas las partes presenten sus argumentos de manera adecuada y se emita una nueva resolución que respete las garantías procesales, sin la penalización de 500 euros.
