La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha expresado su firme rechazo a que el Gobierno Vasco tome decisiones «arbitrarias» en el ámbito penitenciario. Durante una entrevista en Radio Popular, Bengoetxea destacó que numerosas decisiones del Ejecutivo han sido avaladas por la judicatura, lo que implica un respaldo a la legalidad de estas acciones.
La consejera hizo hincapié en que «hay que distinguir el ruido de la verdad» y que las actuaciones del Gobierno se basan en la ejecución de una legislación penitenciaria. Esta afirmación surge tras la reciente negativa de la Audiencia Nacional a aplicar el régimen de semilibertad a la exjefa de ETA, Soledad Iparragirre, conocida como Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti, Juan Ramón Carasatorre.
Bengoetxea subrayó que «no tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento». Resaltó que, dado que se trata de un acto administrativo, existe la correspondiente «garantía» para poder recurrir ante decisiones que se consideran desfavorables. La consejera reconoció que, en este caso específico, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha determinado que la medida no era procedente, pero también apuntó que en otras ocasiones se han validado decisiones similares.
En sus declaraciones, Bengoetxea hizo hincapié en el creciente «ruido interesado» que busca desgastar al gobierno o sostener posturas extremas. Su preocupación se centró en el auge de los extremismos y populismos, señalando que en España están en aumento y que algunos intentan trasladar esta dinámica a la política vasca. Esta situación, según la consejera, es alarmante para la convivencia y la democracia en el País Vasco.
La situación actual en torno a la política penitenciaria y su interpretación en el ámbito judicial ha generado un debate intenso, que va más allá de la mera aplicación de la ley. La gestión de la memoria histórica y el tratamiento de los delitos cometidos por grupos terroristas sigue siendo un tema delicado en la sociedad vasca. La consejera Bengoetxea, al abordar estas cuestiones, se posiciona como una defensora de un enfoque que respete tanto la legalidad como los derechos humanos.
En este contexto, el Gobierno Vasco continúa trabajando para garantizar que las decisiones tomadas en materia penitenciaria no se vean influenciadas por presiones externas o por la necesidad de satisfacer demandas populistas. La consejera ha instado a la ciudadanía a diferenciar entre la realidad y las narrativas que buscan manipular la percepción pública sobre la gestión del gobierno en este ámbito.
