La Autoridad Vasca de la Competencia ha decidido imponer sanciones económicas a 31 empresas de transporte escolar debido a su implicación en un boicot al Departamento de Educación del Gobierno Vasco durante el proceso de contratación del curso 2023/2024. Esta resolución fue divulgada el jueves y concluye que se produjo una actuación coordinada entre estas compañías, lo que se considera una infracción «muy grave» de la normativa de competencia.
El expediente que lleva a esta decisión se abrió en septiembre de 2023. El Consejo Vasco de la Competencia ha determinado que se vulneró el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Las sanciones impuestas alcanzan un total de 867.000 euros, con multas que oscilan entre los 1.500 y los 178.447 euros por empresa.
Prácticas coordinadas
La resolución detalla que las empresas involucradas llevaron a cabo una serie de prácticas que evidencian una estrategia común para obstaculizar el proceso de contratación pública. Entre estas prácticas, se incluye un escaso número de ofertas presentadas a las licitaciones, la entrega de propuestas incompletas sin las correcciones adecuadas en el plazo estipulado, así como la negativa a proporcionar el servicio bajo las mismas condiciones que el curso anterior.
Se identificó también el incumplimiento de órdenes de ejecución forzosa, así como retrasos generalizados en el inicio del servicio, que en muchos casos no comenzó hasta el 18 de septiembre de 2023, ya con el expediente sancionador en curso.
Desde el órgano regulador se destaca que estas acciones se realizaron «de manera uniforme y en un periodo coincidente», lo que refuerza la conclusión de que existió coordinación entre las empresas implicadas en la situación.
Exoneraciones y recursos
De las empresas investigadas, 28 quedaron exentas de sanción, ya que no se pudo comprobar su participación en las prácticas prohibidas. Por otro lado, las 31 empresas sancionadas deberán afrontar multas calculadas en función de la gravedad de sus acciones y de su volumen de negocio, con penalizaciones que pueden llegar hasta el 10% de su facturación anual.
La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia agota la vía administrativa, aunque las empresas afectadas tienen la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro de un plazo de dos meses.
Este caso pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de las normativas de competencia en el ámbito de la contratación pública, así como la necesidad de mantener la integridad en los procesos destinados a garantizar un servicios público eficiente. Las sanciones impuestas podrían servir como un aviso para otras empresas del sector, enfatizando la vigilancia y la intervención de las autoridades en situaciones que vulneran las normas establecidas.
