Este miércoles, desde las 9:00 horas, un amplio operativo policial llevó a cabo el desalojo de una vivienda en Irun, situada en la avenida de Elizatxo, frente al Instituto Bidasoa. La intervención estuvo a cargo del equipo de BBT, la unidad de élite de intervención táctica de la Ertzaintza, que contó con el apoyo de agentes de la ertzainetxea local y de la Policía Local. Estos últimos participaron en la organización del dispositivo, asegurando el perímetro y colaborando en las tareas de registro e investigación.
Gracias a un aviso previo, las personas que habían ocupado la vivienda ya habían abandonado el lugar antes de que comenzara la operación. De esta manera, las unidades policiales tardaron apenas una hora en inspeccionar cada estancia del inmueble, asegurándose de que no quedara nadie en su interior. Posteriormente, el registro de bienes se realizó de forma más detallada, lo que requirió un tiempo considerable.
La historia de la vivienda tiene raíces en el Plan General de Ordenación Urbana de 2015, que determinó que la casa, al igual que otras en la zona, quedara fuera de ordenación. Las razones para tal decisión incluyeron la necesidad de ampliar el vial, las aceras y el carril bici. Alberto Blanco, uno de los hijos de la familia que compró la casa en los años 30, destacó que tras la comunicación del Ayuntamiento en 2014, ya no podían hacer reformas ni vender el inmueble.
En los primeros años, la familia no enfrentó problemas, pero la situación cambió a partir de 2020, cuando comenzaron a aparecer okupas en la propiedad. A pesar de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en 2023, este exigió que la vivienda estuviera libre de ocupantes para proceder a su expropiación. Alberto relató que su hermano, que tenía 93 años, no comprendía la situación y falleció, lo que retrasó los trámites necesarios para la expropiación.
Tras la muerte de su hermana, el proceso se complicó aún más. Para el momento en que se completó en septiembre del año pasado, la vivienda había sido ocupada, y la Ertzaintza les informó que no podrían desalojar a los ocupantes sin una resolución judicial. Alberto se mostró frustrado por la falta de información de la Ertzaintza, a la que había llamado en numerosas ocasiones y con la que había interpuesto varias denuncias.
Esta complicada y dolorosa situación parece estar llegando a su fin tras el desalojo de este miércoles. Aunque la vivienda no tenía residentes en el momento de la intervención, oficialmente quedó vacía de ocupantes. Alberto se reunió con el consistorio para establecer un calendario y plan de actuaciones para la expropiación. «En su día nos llegaron a ofrecer hasta 60 millones de pesetas (más de 360.000 €), y ahora se la queda el Ayuntamiento por una miseria. Pero lo aceptamos, no nos importa con tal de acabar con esta agonía que llevamos años soportando», comentó.
El estado del inmueble al ser inspeccionado dejó a Alberto impactado. «Está destrozado de una manera que no se puede explicar. Yo crecí en esta casa, viví en ella hasta que me casé. Verla así…», lamentó. Los destrozos comenzaron con la llegada de los primeros okupas, y cada grupo que entraba causaba más daños. La acumulación de basura y suciedad ha convertido la vivienda en un lugar intransitable.
Inicios del derribo y regeneración urbana
El Ayuntamiento de Irun ha confirmado que las labores de derribo de la vivienda iniciaron el mismo día del desalojo. Este proceso se enmarca dentro de una política municipal orientada a la regeneración urbana, buscando recuperar espacios e inmuebles en desuso y dotarlos de nuevos usos para la ciudadanía. Las fuentes municipales afirmaron que desde 2024 existía una partida económica destinada a la compra y posterior derribo, aunque la adquisición se había visto retrasada por diversas razones, entre las que se encontraba la ocupación del edificio, que requirió la correspondiente orden judicial para el desalojo.
La historia de esta vivienda en Irun refleja no solo el sufrimiento de una familia, sino también los retos y complejidades que surgen en la gestión de propiedades en situaciones de ocupación. Con el inicio del derribo, se abre un nuevo capítulo en la regeneración de la zona, que podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y prevenir futuros problemas de deterioro urbano.
