El Gobierno Vasco se encuentra evaluando la implementación de un sistema de identificación de ADN canino en San Sebastián. Esta medida, propuesta por el concejal del PP, Tomás Pascua, en la Comisión de Espacio Público, busca obligar a los dueños de perros a registrar la genética de sus mascotas. La finalidad es poder identificar a los propietarios que no recogen los excrementos, lo que podría resultar en importantes sanciones económicas para quienes incumplan esta normativa.
Este tipo de iniciativas ya se han implementado en otras ciudades como Madrid y Alcalá de Henares, donde se ha demostrado su eficacia en la reducción de la presencia de heces en la vía pública. Según Pascua, el procedimiento implica un análisis de saliva o sangre de los animales, realizado por veterinarios, y las multas por no recoger los excrementos pueden variar entre 300 y 3.000 euros.
El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, ha comentado que, a pesar de la relevancia de este asunto, los recursos municipales son limitados y es necesario optimizarlos. Ibabe hizo hincapié en que mantener un sistema de control de este tipo requeriría inversión tanto económica como humana, lo que podría ser un obstáculo para su implementación. Actualmente, la Guardia Municipal ya trabaja para sancionar las infracciones de la Ordenanza de Civismo vigente.
Si el Ayuntamiento decide avanzar en esta propuesta, será necesario modificar la actual Ordenanza de Civismo. El concejal también indicó que las campañas de concienciación son fundamentales para abordar esta problemática. Aunque el sistema de ADN canino podría ser efectivo, Ibabe destacó sus limitaciones, como la imposibilidad de sancionar a dueños de perros que no residan en la ciudad.
Tomás Pascua mostró su agradecimiento por la voluntad del consistorio de estudiar la propuesta. Además, ofreció su ayuda para conectar al Ayuntamiento con las ciudades que ya han implantado este sistema, lo que podría facilitar la evaluación de su viabilidad en San Sebastián. Aunque el concejal reconoció que ningún sistema es perfecto, enfatizó que el objetivo principal no es tanto sancionar a los infractores, sino disuadir a aquellos que podrían optar por no recoger los excrementos de sus mascotas.
