El reciente pleno del Ayuntamiento de Eibar, celebrado el lunes por la tarde, estuvo marcado por la decisión de relevar al jefe de la Policía Municipal. Este cambio ha generado tensiones entre los dos partidos que forman el gobierno local, el PSE-EE y el PNV, debido a la falta de consenso y la opacidad en el proceso, lo cual fue denunciado por varios grupos, incluyendo EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
El alcalde Jon Iraola defendió su acción alegando que la competencia en materia de seguridad recae directamente sobre él, y que la decisión de sustituir a Julen Saldias no debe interpretarse como un despido. «No se trata de una destitución», enfatizó, aclarando que la cuestión está vinculada a la no renovación de una comisión de servicios que Saldias ocupó con un contrato inicial de un año, prorrogable a tres.
Iraola explicó que el periodo de Saldias finaliza el 20 de enero y que, como responsable político, optó porque no continuara en el cargo. Afirmó que esta decisión fue tomada considerando el interés de la Policía Municipal y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento. En sus palabras, “se trata, simplemente, de la no renovación de una comisión de servicios, algo habitual en la administración”.
Durante el mismo pleno, las críticas sobre la transparencia de este proceso fueron un tema recurrente. El alcalde se comprometió a presentar los detalles de la resolución que sustenta su decisión en una Comisión Asesora de Personal programada para el día siguiente. No obstante, también dejó la puerta abierta a abordar el asunto en el pleno siempre que se respetaran los derechos al honor y la intimidad.
Esta intención de Iraola fue seguida por la intervención del secretario municipal, quien matizó que discutir en público ciertos temas podría tener repercusiones sobre la privacidad del afectado y su labor. Según la normativa, la votación puede ser secreta si se trata de asuntos que impactan en derechos personales reconocidos por la Constitución. Para abrir un debate público sobre el tema, se requeriría el respaldo de una mayoría absoluta.
Tras la intervención, se realizó un breve receso de cinco minutos durante el cual los grupos políticos decidieron cómo proceder. Al reanudar la sesión, se acordó, por unanimidad, que la discusión sobre el relevo se llevaría a cabo a puerta cerrada, sin público ni cámaras presentes. Esta decisión fue adoptada para proteger la privacidad del afectado y evitar la exposición de detalles que podrían resultar perjudiciales.
Una vez presentada la resolución en el marco de esta sesión cerrada, el pleno continuó con normalidad, aunque los detalles de las discusiones no fueron revelados. Este episodio pone de relieve la complejidad de las relaciones políticas en Eibar y el delicado equilibrio que debe mantener el gobierno local para gestionar tanto la seguridad como la transparencia en sus actos.
