El Gobierno Vasco se apresta a presentar un anteproyecto de ley sobre publicidad institucional en el próximo Consejo de Ministros. Esta nueva normativa se centra en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, exigirá a todos los medios de comunicación, independientemente de su tamaño, que hagan pública su propiedad. Esto permitirá a los lectores y oyentes identificar a los propietarios y posibles conflictos de interés. En segundo lugar, la ley limitará el porcentaje de ingresos que los medios pueden recibir en concepto de publicidad institucional, estableciendo un máximo del 35%.
La normativa, que se espera sea discutida este martes, ha mostrado una evolución en su contenido. Inicialmente, el Gobierno contempló una cifra del 30%, pero tras reconsideraciones, se ha optado por un límite más alto de 35%. Esta medida pretende evitar que las administraciones públicas financien medios con escasa sostenibilidad económica que, aunque carezcan de una audiencia significativa, podrían convertirse en instrumentos de propaganda gubernamental.
El Ejecutivo ha indicado que esta restricción no impactará a los grandes medios, ya que ninguno de ellos supera el límite establecido. Sin embargo, sí podría afectar a algunos que, según el presidente Pedro Sánchez, se clasifican como “pseudomedios”, que se benefician de manera desproporcionada de la financiación pública, recibiendo más del 50% de sus ingresos de las administraciones.
Aunque se ha acordado un marco normativo, los detalles finales se someterán a consulta pública y podrían ser ajustados en las próximas semanas. Es relevante que se consideren posibles estrategias que las administraciones podrían utilizar para eludir esta regulación, por ejemplo, a través de empresas públicas o semipúblicas.
Esta iniciativa ha generado controversia, particularmente entre los medios de menor tamaño que critican al Ejecutivo. No obstante, el Gobierno defiende que el objetivo es alinear la legislación española con la norma aprobada en la Unión Europea por los partidos socialistas, populares y liberales, conocida como EMFA. Esta regulación establece que la propiedad de los medios de comunicación debe ser transparentada y que debe haber límites a la cantidad de publicidad institucional que reciben.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, es el encargado de gestionar el desarrollo de esta política, que forma parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a combatir la desinformación y el uso indebido de la inteligencia artificial. Este paquete normativo se discutió recientemente en la cumbre de inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi.
Adicionalmente, el Gobierno está impulsando reformas significativas que abarcan aspectos del derecho a la rectificación, el derecho al honor y la responsabilidad en delitos cometidos en las redes sociales, como los llamados deep fakes. Estos temas han cobrado relevancia en las declaraciones de Sánchez en los últimos meses, reflejando una creciente preocupación por el ecosistema informativo. En los círculos de La Moncloa hay un análisis crítico sobre cómo la desinformación y la manipulación informativa dominan el espacio mediático, favoreciendo una narrativa que no siempre responde a la realidad.
Sin embargo, el impulso regulador se encuentra en un momento complicado, dado el contexto político y las dificultades que enfrenta el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas. La relación con Junts, un partido clave, se ha deteriorado, lo que complica la posibilidad de alcanzar consenso en el Parlamento.
Por su parte, el Partido Popular y Vox han expresado su oposición a esta regulación, acusándola de ser una forma de censura. La relación que estos partidos han mantenido con los “pseudomedios” pone de manifiesto el delicado equilibrio que el Gobierno debe mantener para avanzar en su agenda legislativa. Ante esta situación, la normativa sobre publicidad institucional se presenta como un primer paso, con un largo camino por recorrer hasta su aprobación final en el Congreso.
A medida que se acerca el final de la legislatura, los plazos se estrechan y las posibilidades de que muchas de estas reformas se concreten disminuyen. No obstante, el Ejecutivo está decidido a mantener su agenda y tratar de implementar tantas medidas como sea posible en el tiempo que queda. Si estas iniciativas logran ser aprobadas, podrían revelar la relación entre ciertos medios y las administraciones que los sostienen, cuestionando la verdadera independencia de su financiación.
