El pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se reunió en el Congreso con la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Este encuentro tenía como objetivo discutir cuestiones pendientes entre ambas partes. Durante la conversación, Aizpurua remarcó que, a pesar de haber superado la mitad de la legislatura, la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la «ley mordaza», continúa estancada. Este estancamiento es notable a pesar del acuerdo firmado entre el PSOE, Sumar y EH Bildu en otoño de 2024 para impulsar dicha reforma.
Desde el Gobierno Vasco se ha indicado que la vicepresidenta tomó nota de las inquietudes expresadas por Aizpurua, quien, tras 16 meses desde que la reforma pasó su primer trámite parlamentario el 29 de octubre de 2024, se encuentra en un punto muerto. A pesar de que el camino parecía despejado en su momento, la actual aritmética parlamentaria, complicaciones internas y la reciente ruptura del acuerdo de investidura por parte de Junts han añadido obstáculos significativos al proceso legislativo. Este es el tercer intento para modificar una norma que cumplió diez años en vigor el pasado 1 de julio.
En los intentos anteriores, como en 2019 y 2023, los esfuerzos por avanzar se frustraron por diversas razones, incluyendo la disolución anticipada de las Cortes y la falta de acuerdo entre los partidos implicados. Actualmente, las perspectivas para la reforma no son prometedoras, según un diputado que ha participado en las negociaciones, quien ha señalado que las conversaciones recientes se han limitado a «contactos informales». La última reunión multilateral, celebrada el 25 de junio entre varios partidos, no logró avances significativos.
Las fuentes consultadas han apuntado a diferentes responsables de esta situación de estancamiento. Se critica que el PSOE esté frenando varios proyectos debido a la incertidumbre sobre el apoyo de otros partidos. A lo largo de los tramitaciones anteriores, PP y Vox han dejado claro que no garantizarán su respaldo a esta reforma, lo que complica aún más su aprobación.
Las rivalidades políticas también han afectado las interacciones entre los partidos. EH Bildu y ERC mantienen una buena relación, mientras que el PSOE dialoga principalmente con el PNV. Este último, que en la legislatura anterior impulsó la reforma, ha sido acusado de modificar acuerdos previamente establecidos. A pesar de ello, el PNV sostiene que está disponible para negociar y mejorar la ley.
En lo que respecta a los puntos conflictivos, la regulación del uso de material antidisturbios, las sanciones a la desobediencia y la devolución en caliente de inmigrantes irregulares son algunos de los principales obstáculos que debe enfrentar la reforma. La controversia sobre el uso de pelotas de goma en situaciones de altercados es un ejemplo claro de estas dificultades. Aunque algunos partidos proponen su prohibición, otros abogan por establecer protocolos específicos para su uso, lo que refleja la falta de consenso.
Las tensiones entre los partidos también se han intensificado, con acusaciones cruzadas y un aparente inmovilismo por parte de algunos, como Podemos. Desde las filas del PSOE se ha admitido que no ha habido avances significativos en los últimos tiempos, pero hay un deseo de avanzar en la reforma lo antes posible. Por otro lado, algunos miembros de Sumar son más optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, asegurando que las posiciones han empezado a acercarse en los artículos que han sido motivo de discrepancia.
La situación actual plantea importantes preguntas sobre el futuro de la legislación en materia de seguridad ciudadana y la libertad de expresión en España. Con un contexto político tan complejo, las reformas necesarias siguen en el aire, y es incierto si se lograrán consensos antes de que finalice la legislatura.
