El Gobierno español se prepara para abrir, a inicios de abril, el plazo para que alrededor de medio millón de migrantes puedan regularizar su situación en el país. Esta iniciativa deja poco tiempo para alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas que participarán en su gestión. El pasado miércoles cerró el período para registrar alegaciones al decreto del Consejo de Ministros, y desde el departamento vasco de Bienestar, bajo la dirección de Nerea Melgosa, se han enviado propuestas a Madrid destinadas a garantizar la inserción sociolaboral y formativa de estas personas, con énfasis en las competencias del ámbito vasco.
El Ejecutivo, liderado por el lehendakari Imanol Pradales, tiene claro que, aunque el Estado se encarga de aspectos como la entrada y permanencia en el territorio, las instituciones vascas también poseen competencias relativas a la acogida y la emisión de autorizaciones laborales iniciales. En este sentido, el Gobierno Vasco sostiene que la mejor forma de fomentar la integración es a través del empleo, y está dispuesto a potenciar esta vía.
La cuestión de las alegaciones cobró protagonismo durante la intervención de la vicelehendakari primera Ibone Bengoetxea, quien, al ser interrogada sobre las propuestas del Govern de Catalunya en relación con la lengua catalana, subrayó que el decreto permite a las comunidades autónomas determinar cómo se acreditan los conocimientos lingüísticos. En este contexto, el Govern sugiere que, al menos en el primer trámite de renovación del permiso, los migrantes demuestren haber comenzado el aprendizaje del catalán dentro de un año.
Desde el País Vasco, las fuentes consultadas han indicado que se han presentado múltiples alegaciones, incluyendo una referida al euskera. Sin embargo, no se contempla como un requisito para la regularización ni se prioriza a aquellos migrantes que ya dominan la lengua vasca. En lugar de eso, el Gobierno Vasco solo reconoce que existe una serie de programas para promover el aprendizaje del euskera entre los migrantes, considerándolo una herramienta clave para su integración. Además, se prevé que el próximo plan migratorio vasco incluya un apartado específico dedicado a estas actuaciones.
Por otro lado, se ha mencionado que el conocimiento del idioma vasco podría reflejarse en los informes de arraigo de cada persona migrante. En esta línea, ERC ha afirmado que el Gobierno español incluirá en el decreto que el conocimiento del catalán, así como de otras lenguas oficiales, será un aspecto válido para acreditar el arraigo. Esto supone que los migrantes podrían demostrar su vinculación al territorio no solo mediante un contrato de trabajo, sino también a través de sus competencias lingüísticas.
La alegación catalana es «adecuada»
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea consideró «adecuada» la alegación presentada por el Govern, ya que incorpora la lengua como un elemento de cohesión social. Además, anunció que el Gobierno Vasco ha presentado una alegación que destaca la importancia de la lengua como herramienta para fomentar la cohesión. Este enfoque ya está en marcha dentro de la estrategia Jauzia Gara, donde se ha identificado a los migrantes como un colectivo fundamental para expandir la base social del idioma.
Bengoetxea también subrayó que, aunque este proceso de regularización es extraordinario, la situación estructural de los migrantes es una preocupación mayor para el Gobierno Vasco. Por ello, ha solicitado mayores competencias para gestionar adecuadamente la situación de este colectivo, que enfrenta numerosos desafíos en el contexto actual.
En resumen, mientras se acerca el inicio del proceso de regularización, las comunidades autónomas, especialmente el Gobierno Vasco, continúan trabajando en la adaptación y mejora de las políticas migratorias, con el objetivo de facilitar la integración de los migrantes en la sociedad. La colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas será clave para el éxito de este proceso, que tiene el potencial de transformar las vidas de miles de personas en España.
