La decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha provocado un gran revuelo en la política penitenciaria del Gobierno Vasco, al rechazar la solicitud de semilibertad de los etarras Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ y Juan Ramón Carasatorre. Esta resolución, emitida por el magistrado José Luis Castro, ha sido interpretada como un duro golpe a la estrategia adoptada por el Ejecutivo vasco en materia de derechos penitenciarios.
Un día después de conocido el fallo, las críticas hacia la consejera María Jesús San José, responsable de la gestión de autorizaciones del artículo 100.2, han aumentado. Desde la oposición, se han producido demandas para su dimisión, en un contexto donde la actuación de su departamento ha sido cuestionada por diversos sectores políticos. La vicelendakari y consejera de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, fue la primera en abordar el tema, defendiendo que el Gobierno está aplicando la legislación vigente de manera adecuada, a pesar del revés judicial.
El auto del juez no solo mantiene a Anboto y Carasatorre en un régimen penitenciario de segundo grado, sino que también sugiere una reforma del artículo 100.2, que permite flexibilizar el cumplimiento de las penas. Castro subraya que las excarcelaciones de estos individuos, autorizadas previamente por el Gobierno Vasco, han generado una serie de malentendidos tanto entre los internos como entre las víctimas del terrorismo, creando expectativas poco realistas y ansiedad en la ciudadanía.
En el caso de Soledad Iparraguirre, quien acumula condenas que suman un total de 30 años por múltiples delitos relacionados con el terrorismo, el juez aclara que no cumplirá con los requisitos necesarios para acceder al tercer grado hasta marzo del próximo año y hasta 2034 en su totalidad. Esto refleja una ausencia de permisos que han servido para evaluar su evolución en el sistema penitenciario, lo que limita la posibilidad de considerar una progresión hacia un régimen más benévolo.
El magistrado también critica la aplicación del artículo 100.2 como una alternativa al avance hacia el tercer grado, alertando sobre su uso como un mecanismo que otorga permisos para salir diariamente de prisión, sin un respaldo judicial adecuado. Esta utilización ha sido objeto de preocupación por parte de las asociaciones de víctimas, que han señalado que este artículo se ha convertido en una forma encubierta de conceder beneficios similares a un tercer grado.
Las declaraciones del juez son contundentes, señalando que la dirección de la prisión no adoptó la decisión de aplicar el artículo 100.2 de forma consensuada con la Junta de Tratamiento, lo cual debería ser un requisito fundamental para su ejecución. Esto indica que la decisión fue unilateral y careció del respaldo necesario, lo que pone en entredicho la validez de las autorizaciones concedidas.
La situación ha generado un clima de tensión en la política vasca, donde la oposición, encabezada por el PP, demanda responsabilidades al Gobierno Vasco por la gestión de estos casos. Javier De Andrés, líder del PP vasco, ha afirmado que la consejera no ha actuado en interés de la sociedad, sino que ha favorecido a los terroristas, lo que ha provocado un descontento significativo en la opinión pública.
Desde su asunción en octubre de 2021, el departamento de San José ha autorizado la aplicación del artículo 100.2 a alrededor de medio centenar de etarras, lo que representa un porcentaje considerable en comparación con el total de la población reclusa. Esta cifra ha sido utilizada por la oposición para argumentar que las decisiones del Ejecutivo vasco no son proporcionales a las necesidades de justicia y seguridad de la sociedad.
En un contexto donde la justicia y la reparación de las víctimas son temas delicados, el magistrado ha reclamado un debate reflexivo sobre la normativa vigente, sugiriendo la necesidad de una posible reforma que regule mejor la aplicación de estos mecanismos. La preocupación por la percepción pública y la gestión de la justicia en el ámbito penitenciario es cada vez más palpable, y el futuro de la política penitenciaria del Gobierno Vasco podría estar en juego.
