La situación de Tubos Reunidos sigue generando inquietud entre los trabajadores y las autoridades. Según un reciente informe de la Inspección de Trabajo, la empresa enfrenta un «deterioro significativo» de su situación económica, que se refleja en pérdidas acumuladas y una deuda considerable. Este documento, emitido el 20 de enero, indica que el capital social de la compañía es de 21.000 euros, mientras que su patrimonio neto se sitúa en 8.608 euros, lo que en términos legales puede considerarse como causa de disolución.
El informe también aclara que no se han encontrado «indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho» en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 242 trabajadores de la empresa. Por su parte, Tubos Reunidos sostiene que la situación de desequilibrio patrimonial ha sido «corregida» y que sus cuentas anuales de 2025 muestran un patrimonio que supera la mitad del capital social, gracias a la capitalización de préstamos del socio único. Esta afirmación es crucial, ya que la empresa argumenta que, por lo tanto, no existe causa para su disolución.
El Gobierno Vasco se mantiene en alerta ante esta situación y ha manifestado la necesidad de que Tubos Reunidos atraiga nuevos socios inversores. Según el viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, es fundamental reducir la deuda, que actualmente asciende a 263 millones de euros. Korta señala que, a pesar de los esfuerzos, la solución de refinanciación presentada por la SEPI no es suficiente, y aún no se ha encontrado un acuerdo que permita una reducción efectiva de la deuda.
El contexto económico de la empresa se ha agravado debido a factores externos, como el conflicto en Oriente Medio y los aranceles impuestos anteriormente por Estados Unidos, que ya habían impactado negativamente en su rentabilidad. Korta advierte que la situación es «insostenible» y que los nuevos escenarios internacionales solo han incrementado la incertidumbre económica.
El encuentro entre el comité de empresa de Tubos Reunidos y representantes del Gobierno Vasco, así como de las diputaciones forales de Álava y Bizkaia, se centró en buscar soluciones para las plantas de la compañía ubicadas en Amurrio y Trapagaran. En esta reunión, se abordaron las implicaciones del ERE y se analizaron posibles estrategias para mejorar la situación de la empresa y de sus trabajadores.
La comunidad sigue atenta a los desarrollos de esta situación, ya que Tubos Reunidos es un actor importante en la economía local. La resolución de esta crisis no solo afecta a los empleados directamente implicados, sino que también tiene repercusiones en el tejido empresarial más amplio de la región. Las autoridades regionales están comprometidas en encontrar una solución viable que permita la continuidad de la actividad productiva y la salvaguarda de los puestos de trabajo.
