El Gobierno Vasco, junto al instituto Osalan y el Ministerio Fiscal, ha decidido fortalecer su colaboración interinstitucional para abordar las posibles negligencias en el ámbito de la salud laboral. Esta iniciativa se ha dado a conocer coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laborales, que se celebra el 20 de enero. Las tres entidades han firmado un convenio que busca facilitar la comunicación entre ellas y asegurar un control más efectivo ante eventuales accidentes laborales.
El acuerdo fue suscrito por el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán; y la directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan, Lourdes Iscar. Este convenio, que ya fue aprobado en noviembre por el Consejo de Gobierno, tiene una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro, y no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes. Su objetivo es no solo mejorar la formación de los profesionales, sino también establecer protocolos que aceleren los procedimientos y fortalezcan la vigilancia en materia de seguridad laboral.
Carmen Adán ha subrayado que este convenio permitirá un intercambio más eficiente de recursos y conocimientos, y ha enfatizado la importancia de evitar espacios de impunidad en cuestiones de responsabilidad penal, especialmente en casos que puedan estar ligados a acuerdos indemnizatorios.
El consejero Mikel Torres ha detallado que el convenio persigue tres objetivos primordiales: la «prevención, investigación y persecución» de posibles infracciones y delitos relacionados con la seguridad laboral, la creación de canales de comunicación más ágiles entre la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y Osalan, y el aumento del nivel de exigencia en materia de cumplimiento normativo. Este día también es significativo porque se espera que el Consejo de Ministros apruebe una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito español, lo que podría tener un impacto notable en la gestión de los nuevos riesgos laborales, incluidos los relacionados con la salud mental y problemas psicosociales.
Por su parte, Lourdes Iscar ha expresado que, gracias a este nuevo acuerdo, las instituciones no solo actuarán sobre accidentes graves y mortales, sino también sobre aquellos incidentes que podrían haber resultado en situaciones similares. Además, se buscará intensificar la vigilancia sobre enfermedades profesionales que presentan un periodo de latencia mayor, resultado de exposiciones prolongadas a condiciones laborales desfavorables. Iscar ha destacado que este convenio refleja el compromiso de las administraciones y los poderes públicos en la lucha contra la siniestralidad laboral.
El año pasado, la Inspección de Trabajo de Euskadi identificó un total de 570 infracciones en materia de seguridad y salud laboral, lo que representa un incremento del 19,5% en comparación con 2024. Estas infracciones resultaron en sanciones que suman un total de tres millones de euros. Durante el mismo periodo, el Gobierno vasco llevó a cabo más de 11.500 intervenciones, generando 2.754 requerimientos a las empresas por cuestiones relacionadas con la seguridad laboral.
Este convenio representa un paso importante en la mejora de las condiciones laborales en Euskadi. Con la colaboración de estas entidades, se espera que se establezcan las bases para una mayor seguridad en el trabajo, lo que beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas, al contribuir a la reducción de accidentes y enfermedades laborales.
