El Gobierno Vasco ha revelado que la reciente subida salarial para los empleados públicos, acordada en Madrid para el periodo de 2025 a 2028, implicará un desembolso total de 660 millones de euros durante ese cuatrienio. Este incremento, que abarcará a más de 90.000 trabajadores, se aplicará tanto a los empleados directos del Ejecutivo como a aquellos de organismos vinculados.
El departamento de Hacienda y Finanzas, bajo la dirección de Noël d’Anjou, ha detallado que la subida de este año será del 2,5%, lo que representará un gasto adicional de 150 millones de euros para el Gobierno Vasco. Esta medida también afectará a los empleados públicos de las diputaciones forales y ayuntamientos, elevando el número total de afectados en Euskadi a 163.196, según datos del Eustat.
El acuerdo estipula aumentos anuales de un 2% para 2026, con un 1,5% fijo y un 0,5% variable en función del IPC. Para 2027 se contempla un incremento del 4,5%, mientras que para 2028 se prevé un aumento del 2%. Sin embargo, es importante mencionar que el decreto-ley aprobado el 11 de diciembre en el Congreso solo afecta a los años 2025 y 2026. Ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, las subidas correspondientes a 2027 y 2028 deberán ser aprobadas anualmente mediante un real decreto.
El Gobierno Vasco ha prometido que los atrasos de este año se abonarán en la nómina de enero, un mes después de que el Gobierno central realice su pago. A pesar de esto, la consolidación definitiva de estos incrementos salariales dependerá de la recepción formal de las tablas adaptadas por parte del Ministerio de Función Pública. El departamento de Hacienda y Finanzas ya ha comenzado a desarrollar trabajos técnicos y administrativos para agilizar este proceso y asegurar que la actualización retributiva sea efectiva en las nóminas del nuevo ejercicio.
El objetivo de esta estrategia retributiva es compensar, al menos en parte, la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos han experimentado en los últimos años. Según el sindicato ELA, entre 2022 y 2025, la merma acumulada en este aspecto ha alcanzado el 11,7%. Aunque con las subidas pactadas se espera que para 2026 todavía persista una reducción del 7,1%, ambos sindicatos, ELA y LAB, han manifestado la necesidad de que los salarios y condiciones laborales se negocien dentro de Euskadi y no sean determinados desde Madrid.
Asimismo, ELA ha anunciado, junto al sindicato gallego CIG, su intención de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno español por considerar que el acuerdo sobre las subidas salariales se ha llevado a cabo fuera del órgano correspondiente. Según estas centrales, la legislación básica de empleo público establece que la negociación debe tener lugar en la mesa general de administraciones públicas, lo que valida su argumento de que el pacto alcanzado con CC OO, UGT y CSIF infringe esta normativa.
Además de los retrasos, se prevé que los empleados públicos en Euskadi vean un incremento del 4% en sus sueldos a partir de enero. En los gráficos oficiales, se presentan las retribuciones brutas de la administración general vasca por grupos y escalas correspondientes a 2024, así como el impacto de esta subida en las mismas.
En resumen, el Gobierno Vasco se enfrenta a un desafío considerable en la implementación de estas subidas salariales, no solo en términos de gestión financiera, sino también en la necesidad de garantizar la estabilidad y satisfacción de sus trabajadores públicos. La atención ahora se centra en la evolución de las negociaciones y la adopción de medidas que aseguren un entorno laboral justo y equitativo para todos, lo que resulta crucial en la construcción de un sector público sólido y comprometido con la ciudadanía.
