La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha expresado su rechazo a que el Gobierno Vasco adopte decisiones que puedan considerarse «arbitrarias» en el ámbito penitenciario. Durante una entrevista en Radio Popular, Bengoetxea subrayó que la judicatura ha respaldado en diversas ocasiones las decisiones tomadas por el Ejecutivo en esta materia.
Bengoetxea afirmó que «hay que distinguir el ruido de la verdad» y explicó que las acciones del Gobierno se basan en la ejecución de una legislación penitenciaria establecida. Esta declaración se produce tras la reciente negativa de la Audiencia Nacional a aplicar el régimen de semilibertad, conforme al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a dos exmiembros de la organización terrorista ETA: Soledad Iparragirre, conocida como Anboto, y Juan Ramón Carasatorre, del Comando Donosti.
La consejera también hizo hincapié en que «no tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento». En su opinión, cualquier medida adoptada por el Ejecutivo está sujeta a los procedimientos administrativos correspondientes, lo que asegura la posibilidad de recurrirla si fuera necesario. A pesar de que el juez de Vigilancia Penitenciaria ha dictaminado que en este caso no procedía la medida solicitada, Bengoetxea recordó que en otras ocasiones, este mismo juez ha avalado decisiones similares.
La vicelehendakari comentó que el ruido generado en torno a esta cuestión es «interesado» y se utiliza para debilitar al Gobierno o mantener posturas extremas. «Los extremismos y populismos están en aumento, sobre todo en el Estado español, y algunos intentan extender esa dinámica a la política vasca», lamentó Bengoetxea, haciendo un llamado a la responsabilidad en el debate político.
Con sus declaraciones, Bengoetxea busca poner de manifiesto la necesidad de un enfoque equilibrado y fundamentado en la toma de decisiones en el ámbito penitenciario, destacando el papel crucial de la legislación y la judicatura. La situación actual evidencia la complejidad de gestionar temas de política penitenciaria en un entorno donde las opiniones pueden estar polarizadas.
La legislación penitenciaria en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en relación con el tratamiento de los presos de ETA y cómo se gestionan sus derechos en el contexto de su reintegración social. Este tipo de decisiones no solo afectan a los individuos implicados, sino que también repercuten en la percepción pública sobre la justicia y la política en general.
La consejera concluyó su intervención enfatizando la importancia de una actuación coherente y basada en la legalidad para evitar caer en el juego de los extremos, que puede desestabilizar tanto la política vasca como el tejido social en general. En un momento en que la polarización política es cada vez más evidente, Bengoetxea aboga por una discusión más racional y menos emotiva sobre estas cuestiones, invitando a todos los actores políticos a anteponer el bienestar social a los intereses partidistas.
