Este jueves marca un momento crucial para aproximadamente 26.000 migrantes que residen en Euskadi, ya que se les brinda la oportunidad de regularizar su situación laboral. Este proceso se ha facilitado gracias a la aprobación de un real decreto por el Gobierno español, que permite a aquellos que carecen de antecedentes penales acceder a una regularización extraordinaria. Se estima que cerca del 97% de estos migrantes están en edad de trabajar, lo que incrementa sus posibilidades de obtener un contrato laboral en el futuro.
En la jornada previa al inicio de la solicitud telemática para esta regularización, los consulados de los países con mayor población migrante en Euskadi experimentaron un notable aumento de actividad. Especialmente, se observaron largas filas en las inmediaciones del consulado de Marruecos en Bilbao, el único en la zona norte del país. Migrantes que residen lejos de Euskadi, incluso en Galicia, acudieron hasta la capital vizcaína para obtener el certificado de antecedentes penales, un requisito indispensable para formalizar su regularización. También se notó un aumento de afluencia en otros consulados, como el de Venezuela.
Este real decreto ha generado una serie de críticas. Grupos de oposición como el PP y Vox, apoyados por Junts, han mostrado su desacuerdo con el proceso, que no requería convalidación por parte del Congreso. Sin embargo, también se han planteado cuestionamientos desde otras instancias. Un claro ejemplo es la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, quien ha criticado que el Ejecutivo central no haya tomado en consideración propuestas relacionadas con la inserción lingüística y formativa de los migrantes. Melgosa expresó que Euskadi, al estar en la vanguardia en la atención a estos problemas, debería haber sido escuchada más atentamente en la formulación de políticas.
En este contexto, Melgosa mencionó que el Gobierno Vasco ha preparado un «borrador de guía» que se enviará a diversas asociaciones implicadas en el tema. Esta guía incluirá los pasos necesarios que deben seguir los migrantes, a quienes se les aconseja acudir a estamentos oficiales en lugar de confiar en información que circula en redes sociales, que puede ser engañosa. La consejera también pidió a la población migrante que tenga paciencia, ya que la información oficial ha llegado recientemente a su departamento.
La consejera se mostró conforme con la obligación de presentar un informe de antecedentes penales de su país de origen, afirmando que es fundamental para quienes desean contribuir a la sociedad en su nuevo hogar. Además, Melgosa subrayó que, si Euskadi contara con competencias migratorias, las condiciones de vida de muchos migrantes, como los malienses que han estado viviendo en la incertidumbre, serían muy diferentes. «Nos encontramos gestionando situaciones que no nos corresponden, pero hemos aprendido a asumir funciones de otros», añadió.
En relación con la consideración de Euskadi como una Frontera norte, Melgosa indicó que no se trata de «arrancar» nada al presidente Pedro Sánchez, sino de fomentar el diálogo y alcanzar consensos que reflejen quiénes son los que realmente están atendiendo a la población migrante. «¿Por qué se acepta a Canarias como frontera sur? ¿Es por su llegada? Nosotros también somos un punto de salida», concluyó.
El desarrollo de este proceso de regularización no solo es crucial para los migrantes afectados, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la gestión de la inmigración en Euskadi. La demanda de una mayor autonomía en materia migratoria podría ser clave para abordar de manera efectiva la complejidad de estas situaciones en el futuro.
