El debate sobre el impuesto turístico en Donostia se intensifica, con el alcalde Jon Insausti, del PNV, abogando por su implementación este verano. Sin embargo, las instituciones competentes, incluyendo el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, han recordado que existe un acuerdo entre los territorios para que dicho impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, buscando garantizar la seguridad jurídica necesaria.
Insausti ha solicitado al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que adopte una postura más proactiva, argumentando que los ciudadanos donostiarras desean la aplicación inmediata del impuesto. A pesar de que la discusión inicial se inició con el Ejecutivo vasco, se decidió que la regulación se realizaría a través de normativa foral, lo que implica que las diputaciones son las que realmente gestionan el proceso y establecen la fecha de entrada en vigor.
Hurtado ha respondido a las declaraciones de Insausti con una crítica contundente, sugiriendo que las afirmaciones del alcalde podrían provenir de un desconocimiento del proceso o de una falta de buena fe. “El proceso ha sido claro y transparente”, afirmó, añadiendo que lo sorprendente es la súbita interpelación al Gobierno Vasco cuando anteriormente el alcalde había indicado que la opinión de las diputaciones era lo más importante.
El consejero también ha enfatizado que, desde un punto de vista jurídico, el impuesto debe aplicarse de manera simultánea en todos los municipios, y que se ha realizado un periodo de audiencia pública para la normativa foral, en el cual el Ayuntamiento de Donostia no presentó alegaciones. Hurtado subrayó que un alcalde debe conocer cómo funcionan estos procesos y que, materialmente, no hay tiempo suficiente para que la normativa esté lista antes de la fecha establecida.
En una entrevista posterior, Hurtado reiteró la necesidad de que el Ayuntamiento de Donostia, que pretende ser pionero en la implementación del impuesto, actúe de manera transparente. “Es crucial que se comprometan a detallar cómo se utilizarán los fondos recaudados”, indicó, recordando que el debate sobre la tasa turística ha estado en curso en Euskadi durante casi una década. “Es fundamental que se hagan las cosas bien en los próximos meses”, añadió.
Insausti ha respondido a estas críticas exigiendo respeto por parte de Hurtado hacia los ciudadanos de Donostia y ha reiterado su deseo de avanzar en la aprobación del impuesto. El alcalde ha señalado que la ciudad debería poder implementarlo al mismo ritmo que otras ciudades europeas, que ya utilizan este instrumento para gestionar el turismo de manera equilibrada.
Por otro lado, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, también del PNV, ha manifestado la importancia de que el impuesto entre en vigor de manera simultánea en todos los municipios, argumentando que esto aportaría seguridad jurídica. Mendoza ha defendido la fecha del 1 de enero de 2027, establecida por las diputaciones, y ha recordado que fue Eudel, la asociación de municipios, quien solicitó esta fecha para facilitar la adaptación de las ordenanzas municipales.
Mendoza ha añadido que el proyecto de norma foral se encuentra en la fase de enmiendas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y ha expresado su disposición a negociar cualquier aportación que los grupos junteros quieran realizar. A pesar de no tener una mayoría clara en estas Juntas, ha subrayado que el proceso ha requerido tiempo y dedicación para garantizar la seguridad jurídica adecuada.
Finalmente, ha aclarado que si algún municipio aprueba su ordenanza antes del 1 de enero, conocerá de antemano la tarifa, que puede incluir recargos o exenciones, pero que no podrá cobrarse antes de la fecha estipulada. En caso de no cumplir con las ordenanzas antes del plazo, se aplicará el tramo máximo, que asciende a 7,5 euros por noche y persona.
