Alrededor de 26.000 inmigrantes que residen en Euskadi tienen la oportunidad de regularizar su situación en los próximos meses gracias a un proceso implementado por el Gobierno central. Aunque el Ejecutivo de Imanol Pradales apoya la medida, ha mostrado su disconformidad con algunos aspectos del decreto, criticando la falta de consideración a las propuestas que formularon hace dos meses. Estas sugerencias incluían la evaluación del aprendizaje del euskera como un mérito para demostrar el arraigo y la inclusión de programas formativos para facilitar el acceso a empleos.
Este anuncio se produjo tras la regularización extraordinaria que el presidente Pedro Sánchez dio a conocer en enero, la cual beneficiará a medio millón de personas en toda España. En febrero, el Gobierno central abrió un periodo de audiencia pública que permitió a las comunidades presentar sus alegaciones. En este contexto, el Gobierno Vasco solicitó que, además del conocimiento del castellano, se tuviera en cuenta el aprendizaje de los idiomas cooficiales como un valor añadido. Aunque no se exige que los inmigrantes aprendan euskera para renovar su permiso de residencia, se buscaba reconocer el esfuerzo por integrarse.
Sin embargo, a pesar de que el decreto fue aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo vasco ha constatado que sus sugerencias no fueron incorporadas al texto final. Al tratarse de un reglamento, no requerirá convalidación por parte del Congreso y, por lo tanto, no podrá ser modificado. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, expresó su descontento por la falta de atención a las cuestiones lingüísticas y formativas en la regulación. Además, criticó la falta de comunicación por parte del Gobierno central, a pesar de que las instituciones vascas estaban dispuestas a colaborar desde el inicio en este proceso regulatorio. «Nos tendrían que haber tenido más en cuenta y escuchado mucho más», declaró en Radio Vitoria.
A pesar de sus críticas, el Gabinete de Pradales valora positivamente que se haya establecido la obligación de presentar un certificado para demostrar la ausencia de antecedentes penales, en contraposición a una simple declaración responsable. Esto fue solicitado en un informe por el Consejo de Estado, y Melgosa considera que «será por algo». En su opinión, «cuando se viene a determinados países, se viene a aportar y creo que es importante hacerlo así». No obstante, lamentó que este proceso de regularización excluya a apátridas y ciudadanos ucranianos, un argumento que el Gobierno central justifica al señalar que ambos colectivos poseen un estatus específico adaptado a sus situaciones.
Ante el aumento de colas en consulados de varios países en Euskadi, la consejera ha instado a los inmigrantes a mantener la calma y dirigirse únicamente a instancias oficiales. Ha advertido que en redes sociales circulan muchos rumores que podrían llevar a engaños y estafas. Para facilitar la información sobre el procedimiento, el Gobierno Vasco está preparando un borrador que servirá de guía para las asociaciones que trabajan con inmigrantes sin papeles.
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico sigue demandando más competencias para gestionar la inmigración. El año anterior, ya asumió la responsabilidad de la acogida de beneficiarios de protección internacional y la gestión de permisos de trabajo para extranjeros. Ahora, busca herramientas adicionales para diseñar «proyectos migratorios» de forma estructural, evitando depender de la inestabilidad que se vive a nivel nacional entre el Gobierno PSOE-Sumar y las comunidades gobernadas por el PP. Euskadi aspira también a ser reconocida como frontera norte, lo que le otorgaría mayor capacidad de gestión sobre los flujos migratorios en la muga del Bidasoa y, en consecuencia, más recursos económicos para una acogida que, en muchas ocasiones, supera sus capacidades.
