La Justicia ha dado luz verde a Movistar Plus+ para que pueda llevar a cabo el bloqueo de todos los contenidos deportivos que se difundan de forma ilegal a través de diversas plataformas. Esta decisión, emitida el 23 de marzo, permitirá a Telefónica Audiovisual Digital (TAD) actuar contra las emisiones no autorizadas de importantes eventos deportivos, como la ‘Champions League’, así como partidos de tenis y golf.
Con esta nueva medida, la compañía no solo podrá combatir las retransmisiones ilegales de los partidos de LaLiga, sino también tendrá la capacidad de actuar frente a cualquier otro evento deportivo que se emita sin permiso. Este amplio alcance busca fortalecer las acciones legales contra la piratería audiovisual en directo, lo que representa un paso significativo en la protección de los derechos de explotación de estos contenidos.
La sentencia dictada por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona establece que la vigencia de esta medida se determinará según el periodo de explotación de los derechos de los contenidos afectados. Para los eventos deportivos, estos derechos se extienden hasta la temporada 2026/2027, cuyo término está previsto para junio de 2027, de acuerdo a los calendarios oficiales.
Además, Movistar Plus+ enviará de forma semanal un listado con los dominios y direcciones IP que hayan sido identificados con contenido pirata, permitiendo así a los operadores de Internet proceder al bloqueo en un plazo máximo de 30 minutos desde la recepción de la notificación. Esta estrategia busca minimizar el impacto de las emisiones ilegales en el ámbito deportivo.
El pasado 4 de marzo, se conoció que LaLiga, en colaboración con Movistar Plus+, presentó una querella contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos de piratería audiovisual. Esta acción marcó un hito, siendo la primera vez que se citaba judicialmente a una empresa tecnológica de Estados Unidos por infracciones relacionadas con la propiedad intelectual en España.
La resolución de esta situación es crucial, dado el creciente número de usuarios que acceden a contenido deportivo de manera ilegal. Este fenómeno no solo afecta a las empresas que gestionan los derechos de transmisión, sino que también compromete la calidad de los eventos que se ofrecen de manera legítima. La lucha contra la piratería audiovisual es, por tanto, una prioridad para proteger tanto a las entidades deportivas como a los aficionados que siguen los deportes de forma legal.
Con esta nueva herramienta judicial, se espera que la industria audiovisual en España pueda enfrentar de manera más efectiva los desafíos que presenta la difusión ilegal de contenidos, garantizando así que los derechos de los creadores y organizadores sean respetados. La implementación de estos bloqueos señala una evolución en la respuesta del sistema judicial frente a un fenómeno que ha crecido desmesuradamente en los últimos años.
