Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar ha sido condenado a un año y tres meses de prisión por su implicación en la financiación de la banda terrorista ETA, a través de las ‘herriko tabernas’. El Tribunal Supremo ratificó esta sentencia en 2015, afectando a varios miembros relacionados con esta trama. Sin necesidad de solicitar el tercer grado, un beneficio que ha aumentado desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, Bengoa dejó la prisión sin renunciar a las consignas de la izquierda abertzale.
Según información confirmada por LA RAZÓN, el Gobierno Vasco ha reubicado a Bengoa en la secretaría municipal de Anoeta, un municipio guipuzcoano con más de 2.000 residentes, gobernado por EH Bildu. Esta acción es parte de una serie de concesiones a exmiembros de ETA desde la llegada del actual Ejecutivo central. Cabe destacar que el 31 de enero, Sánchez excluyó a la banda de la lista de organizaciones terroristas.
Uno de los primeros compromisos en los que Bengoa ha participado es en la contratación de un suministro eléctrico para el Ayuntamiento de Anoeta, por un importe superior a 50.000 euros, firmado junto con Egoitz Luisa Urkola, líder local de Bildu. Esta contratación tuvo su última actualización en febrero. La convocatoria de empleo que tuvo lugar requería un nivel C2 de euskera, una cualificación que solo poseen menos de 10.000 ciudadanos en la comunidad autónoma.
La consejera María Ubarretxena firmó el 27 de enero una orden para nombrar a cerca de medio centenar de nuevos funcionarios, pero busca aumentar las demandas al Gobierno central para obtener más competencias en este ámbito. Entre los beneficiados, además de Bengoa, se encuentra la alcaldesa de EH Bildu en Azpeitia, Nagore Alkorta, quien también participó en el proceso de selección. El lendakari, Imanol Pradales, había acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varias reuniones antes de la Semana Santa para discutir la cesión de nuevas competencias.
El aumento de favores a etarras
No se limita a la reinserción de presos o a la obtención de cargos públicos, los beneficios otorgados a colaboradores de ETA han sido significativos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado que más de la mitad de los miembros de la banda que cumplen condenas están disfrutando de libertades gracias a diversas concesiones. En la actualidad, de los 125 etarras que se encuentran en prisiones del País Vasco, incluyendo cuatro en Navarra, el 54% tiene permiso para salir temporalmente de prisión, gracias a las decisiones del Gobierno Vasco.
Uno de los últimos en beneficiarse de esta situación fue el líder de la banda, Txeroki. La dinámica del actual Ejecutivo, que depende del apoyo del PNV y de EH Bildu, parece favorecer a los miembros de la banda, sin tener en cuenta los crímenes perpetrados ni el sufrimiento causado a miles de ciudadanos, que huyeron del País Vasco durante los años más oscuros de la violencia.
La reubicación de Bengoa y las concesiones a otros exmiembros de ETA continúan generando controversia y debate en la sociedad vasca. Las decisiones del Gobierno Vasco suscitan cuestionamientos sobre las medidas de reinserción y la memoria histórica, en un contexto donde las heridas del pasado todavía no se han cerrado completamente. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la política de reconciliación en Euskadi y sobre cómo se recuerda y se enfrenta el legado de la violencia en la región.
