La reciente llegada de Uber a San Sebastián y, por extensión, a Gipuzkoa, ha generado un intenso debate sobre la legalidad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que operan bajo esta plataforma, utilizando licencias obtenidas en Bizkaia. A pesar de que desde el pasado martes las instituciones públicas afirmaron que estas compañías no podían operar en el territorio debido a la falta de licencias, los 30 vehículos eléctricos de Uber han estado funcionando sin ningún tipo de sanción.
La situación plantea interrogantes sobre si la normativa actual es efectiva o si, por el contrario, ha sido superada por la interpretación de la multinacional. Según las autoridades locales, la razón por la que Uber no debía operar es que no cuenta con licencias tanto de la Diputación para servicios interurbanos como del Ayuntamiento de Donostia para los urbanos. Sin embargo, una semana después del inicio de las operaciones, la Diputación de Gipuzkoa ha admitido que Uber puede actuar en el territorio utilizando licencias emitidas por la Diputación de Bizkaia.
El contexto legal es complejo. El real decreto-ley 13/2018, promulgado el 28 de septiembre, regula la actividad de los VTC a nivel estatal y establece que las autorizaciones deben ser concedidas por las diputaciones en lugar del Gobierno Vasco. Esto se debe a las peculiaridades de los regímenes forales vascos. Sin embargo, a pesar de que Uber defiende que, al tener una licencia válida en Euskadi, puede operar sin restricciones en toda la comunidad autónoma, la normativa especifica que las licencias de VTC son principalmente para servicios interurbanos.
La problemática se intensifica al considerar que en Euskadi no hay regulación que permita a los ayuntamientos otorgar licencias VTC, lo que implica que Donostia tampoco puede concederlas, aunque quisiera. Esta situación ha sido reiterada por la Diputación de Gipuzkoa y las asociaciones de taxistas, quienes sostienen que Uber está operando de manera contraria a la normativa vigente al ofrecer servicios dentro de la ciudad.
La clave del conflicto parece estar en la interpretación de la normativa. Uber sustenta su actividad en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 8 de junio de 2023, que considera ilegales ciertos límites impuestos a los VTC, como el ratio de un VTC por cada 30 taxis. Esta sentencia ha cambiado el panorama, permitiendo a plataformas como Uber argumentar que la exigencia de una segunda licencia para operar servicios urbanos es discriminatoria y atenta contra la libre competencia.
Así, Uber sostiene que, aunque su actividad en Donostia no esté respaldada completamente por la legislación actual, se ampara en la jurisprudencia europea que favorece la libre competencia. Argumentan que «con una licencia es suficiente» para ofrecer también servicios urbanos, confiando en que, en un eventual conflicto legal, la justicia se alineará con los intereses de competencia libre contra la protección de un sector específico.
La situación en Gipuzkoa refleja el desafío que enfrentan las administraciones locales ante la rápida evolución del mercado de transporte. A medida que la normativa se adapta a las nuevas realidades, se plantean cuestiones fundamentales sobre la regulación del transporte y la protección de los sectores tradicionales, como el taxi. La falta de claridad en la legislación puede llevar a un escenario donde las plataformas tecnológicas operen al margen de las regulaciones locales, lo que podría tener consecuencias significativas para el futuro del sector.
En este contexto, será crucial que las instituciones vascas redefinan su enfoque ante el creciente uso de plataformas digitales en el transporte, buscando un equilibrio que garantice la competencia justa y la protección de los derechos de los usuarios y trabajadores del sector. La evolución de este caso no solo afectará a San Sebastián, sino que tendrá repercusiones en toda la comunidad autónoma de Euskadi.
