La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha causado una fuerte reacción en el ámbito político vasco, especialmente entre las fuerzas que representan a la Comunidad Autónoma Vasca, como el Gobierno Vasco, el PNV y EH Bildu. Esta decisión judicial ratificó la nulidad de varios artículos del decreto autonómico 179/2019, que regulaba el uso del euskera y el castellano en las instituciones locales de Euskadi.
El Gobierno Vasco ha expresado su indignación, considerándolo un nuevo varapalo judicial contra el euskera y una muestra más de la judicialización de decisiones políticas que, a lo largo de las últimas décadas, han sido consensuadas por diferentes fuerzas políticas. La portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, criticó la sentencia, alegando que este tipo de resoluciones puede amenazar el «pacto social histórico» sobre el uso del euskera.
La resolución del Supremo destaca que el decreto en cuestión favorece al euskera de una manera incompatible con la Constitución, que establece la igualdad entre ambas lenguas cooficiales. Ubarretxena argumentó que «el euskera es un idioma oficial y como tal se le exigen cosas que no se le piden al castellano», subrayando el desequilibrio que se produce en la práctica.
El propósito del decreto del Gobierno Vasco era regular los usos lingüísticos en las administraciones locales y garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Tras el fallo del tribunal, que es firme, Ubarretxena aseguró que el Ejecutivo explorará «las vías» a seguir, reiterando su compromiso a continuar luchando por el euskera a pesar de los obstáculos judiciales.
El PSE no se ha pronunciado sobre la sentencia del Supremo, lo que ha generado críticas por su falta de apoyo a las iniciativas de impulso del euskera. El PNV ha acusado a partidos como Vox y PP de intentar lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Según Markel Olano, «el euskera no necesita enfrentamientos, sino unidad y trabajar conjuntamente».
EH Bildu ha calificado la sentencia como «muy grave», argumentando que va en contra de la normalización del euskera y del autogobierno. La parlamentaria Nerea Kortajarena ha expresado que es «inaceptable» que un tribunal español imponga decisiones sobre los derechos lingüísticos en Euskadi, especialmente cuando estas provienen de partidos considerados irrelevantes en el contexto local.
Además, la coalición advierte que la situación del euskera es de «emergencia lingüística», y ha instado al PNV a implementar políticas de normalización más ambiciosas y valientes. Ubarretxena también mostró preocupación por que «determinados partidos políticos quieran poner obstáculos y llevar el tema al terreno judicial», refiriéndose a Vox, que inició la acción legal contra el decreto.
El PP, a través de su parlamentaria Laura Garrido, ha minimizado la cuestión, tratándola como una «cuestión de libertad de elección», defendiendo que «el euskera es patrimonio de todos». En contraposición, los sindicatos ELA y LAB han criticado el fallo, considerando que refuerza la primacía del castellano, perpetuando un desequilibrio en la situación lingüística de la comunidad.
La situación actual plantea desafíos significativos para el Gobierno Vasco y los defensores del euskera, quienes deberán reaccionar ante un contexto judicial que puede afectar la normalización y uso de la lengua. La importancia del euskera como vehículo cultural y de identidad en Euskadi resuena en el debate político, y las próximas decisiones que se tomen serán cruciales para su futuro.
