La reciente decisión del Ayuntamiento de Donostia de hacer pública la procedencia de las personas detenidas o investigadas por la Guardia Municipal de Donostia ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre los socios de Gobierno de la ciudad. Tanto el PNV como el PSE han expresado sus discrepancias en torno a la necesidad y la conveniencia de ofrecer esta información.
El Ayuntamiento anunció que se adherirá al criterio establecido por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que implica la divulgación del origen geográfico de los detenidos. En respuesta a esta medida, la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, manifestó que esta decisión no contribuye a combatir estigmas; al contrario, refuerza prejuicios y simplifica situaciones complejas.
Desde el Consistorio se argumenta que revelar el origen de los infractores es un ejercicio de transparencia que forma parte de un modelo de gobernanza de sociedades avanzadas. La información precisa, según el Ayuntamiento, ayuda a contrarrestar discursos populistas basados en suposiciones o especulaciones.
El Ayuntamiento ha afirmado que, desde un principio, apoyó la decisión del Departamento de Seguridad y que, a partir de ahora, la Comunicación de la Guardia Municipal proporcionará el origen de los detenidos siempre que las circunstancias lo requieran o cuando así lo soliciten los medios de comunicación o la ciudadanía. Además, se ha recordado que ya se están brindando datos sobre las personas detenidas a la Ertzaintza y a los juzgados para la elaboración de informes y memorias.
Sin embargo, el PSE se ha apresurado a distanciarse de esta postura, subrayando que «la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo». Oyarbide argumentó que el alcalde de Donostia, Jon Insausti, “se equivoca” al ofrecer esta información “de manera aislada”, lo que, según ella, refuerza prejuicios y alimenta asociaciones erróneas entre inmigración y delincuencia, generando un clima de miedo en la sociedad.
La portavoz del PSE ha enfatizado que su partido está interesado en combatir la delincuencia y la inseguridad, pero rechaza discursos que se asemejan a los de partidos de extrema derecha. Para abordar este problema, Oyarbide ha insistido en la necesidad de dotar de más recursos a la policía y avanzar en la creación de la comisaría mixta de Egia.
EH Bildu también ha criticado la decisión del Ayuntamiento, argumentando que va en contra de un consenso que había sido mayoritario en esta materia y del criterio establecido por el Ararteko y otros agentes involucrados. La coalición ha recordado que esta postura era compartida también por el PNV y por otras instancias, como el Ayuntamiento de Bilbao.
EH Bildu ha señalado que hace un año, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, defendía lo contrario a lo que ahora promulga el Ayuntamiento. Aseguran que no hay justificación policial para esta decisión, la cual no reducirá la tasa de delitos ni mejorará la percepción social respecto a la seguridad o la migración.
Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ha calificado esta jornada como “un día triste para Donostia”, afirmando que la medida se alinea con discursos de ultraderecha que juzgan a las personas en función de su origen. Lasa ha enfatizado que todos deben ser tratados con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su nacionalidad, y ha advertido que esta medida no mejorará la seguridad, sino que alimentará miedos y xenofobia.
El problema, según Lasa, es más sobre convivencia y el modelo de ciudad que sobre seguridad. Ha anunciado que su grupo pedirá una rectificación inmediata al alcalde, instándole a adoptar un enfoque de seguridad que priorice la cohesión social y los derechos humanos, en lugar de normalizar la estigmatización.
En esta ocasión, el PNV ha encontrado el respaldo del PP, cuyo portavoz, Borja Corominas, ha recordado que el Ayuntamiento rechazó en diciembre su propuesta de publicar el origen de los detenidos. Dicha decisión ha sido adoptada meses después. Corominas ha sugerido al Gobierno local que comience a implementar lo que propone su partido, ya que, eventualmente, suele hacerlo.
El PP había solicitado esta medida a través de varias fórmulas, incluyendo una interpelación en enero que fue rechazada. La controversia sobre este asunto refleja la complejidad y la sensibilidad de la seguridad y la convivencia en Donostia, así como la necesidad de un debate serio y fundamentado sobre políticas públicas en esta materia.
