La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido la gestión del Gobierno Vasco en materia de política penitenciaria, rechazando la idea de que se tomen “decisiones arbitrarias”. En sus declaraciones a Radio Popular, Bengoetxea enfatizó que las acciones del Ejecutivo se enmarcan dentro de la legislación vigente y que muchas de ellas cuentan con el respaldo de la judicatura. “Es fundamental separar el ruido de la verdad”, afirmó.
Sus comentarios se producen tras la decisión de la Audiencia Nacional, que no aplicó el régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a dos internos condenados por pertenencia a ETA, Soledad Iparragirre Anboto y Juan Ramón Carasatorre. Bengoetxea aclaró que estas decisiones son administrativas y pueden ser recurridas, y aunque el juez de Vigilancia Penitenciaria no apoyó esta medida en esta ocasión, en otras sí lo ha hecho.
La consejera también criticó lo que calificó de “ruido interesado” que busca desgastar al Gobierno, al tiempo que hizo hincapié en el aumento de “extremismos y populismos” en el contexto político español, que podrían influir en la política vasca.
Reacciones desde la oposición y movimientos sociales
Desde la oposición, Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, ha solicitado la dimisión de la consejera de Justicia, María Jesús San José, argumentando que esta ha “incumplido la ley” al supuestamente favorecer a los presos de ETA. Según De Andrés, la reciente sentencia judicial pone de manifiesto que las políticas del Gobierno Vasco se asemejan a “una amnistía encubierta”, en clara alusión a los acuerdos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y EH Bildu.
Por otro lado, la red Sare, dedicada a los derechos de los presos, ha expresado su “preocupación y desacuerdo” con la resolución judicial, afirmando que está motivada más por razones políticas que por criterios jurídicos. A su entender, estas decisiones reflejan un enfoque cercano a la “venganza” y critican el uso del sufrimiento de las víctimas para justificar tales medidas.
En contraste, el colectivo Covite ha respaldado la decisión de la Audiencia Nacional, insistiendo en que corrige acciones del Gobierno Vasco que no debieron ser implementadas. Este grupo considera que se está alterando la legalidad penitenciaria para facilitar la semilibertad de presos de ETA sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
Las tensiones en torno a la política penitenciaria en el País Vasco continúan siendo un tema candente, y las posturas adoptadas por los diferentes actores políticos y sociales reflejan la complejidad de la situación. En un contexto donde los debates sobre la memoria histórica y la reconciliación están presentes, la gestión de los derechos de los presos y las políticas del Gobierno Vasco seguramente seguirán generando controversia y polarización en la sociedad.
