La consejera María Ubarretxena ha expresado su descontento respecto a la gestión del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, llevado a cabo por el Gobierno español. Ubarretxena considera que ha faltado colaboración, lo que ha llevado a situaciones complicadas para los ayuntamientos, que se han visto sorprendidos por la responsabilidad de validar informes de vulnerabilidad. Estos informes son necesarios para quienes no pueden demostrar que tienen un contrato de trabajo, no cuentan con redes familiares o no pueden mostrar que van a iniciar una actividad económica. La parte vasca no fue informada de este requisito hasta que se publicó el decreto correspondiente.
La consejera ha subrayado que, más allá de las soluciones temporales, es necesario encontrar una estrategia estructural para gestionar el fenómeno migratorio, ya que este ha llegado para quedarse. El papel del Gobierno Vasco se reduce, lamentablemente, a actuar como un intermediario entre las decisiones de Madrid y los afectados, una realidad que Ubarretxena desea que la opinión pública conozca claramente. A pesar de las críticas, el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales ha decidido mantenerse al margen de los conflictos políticos que afectan al Estado, buscando no intensificar las tensiones.
En un contexto donde ha comenzado la regularización presencial y se han formado colas en todo el país, el Gobierno Vasco ha optado por priorizar la colaboración para asegurar el éxito del proceso. El viceconsejero Xabier Legarreta ha manifestado que, a pesar de las críticas que ha recibido el procedimiento, considera que es una oportunidad positiva para quienes ya residen en la comunidad autónoma. Según él, estas personas podrán regularizar su situación y contribuir a la sociedad, en lugar de seguir en la economía sumergida.
Legarreta ha aclarado que la regularización afectará a aproximadamente medio millón de personas, de las cuales, 26.000 están en Euskadi. Sin embargo, apunta que este número no representa un nuevo flujo migratorio, sino que son personas que ya viven en la comunidad desde hace al menos cinco meses. «La regularización permitirá reconocer una realidad existente», ha afirmado. También ha desmentido las afirmaciones de que cualquier persona con antecedentes penales podría beneficiarse de esta situación, subrayando que se han establecido controles para asegurar que no haya antecedentes penales ni en el país de origen ni en España.
En una reciente entrevista, Legarreta enfatizó la importancia de la colaboración en estos momentos críticos, recordando que el Gobierno Vasco había solicitado reuniones bilaterales con el Gobierno español para abordar la distribución de menores migrantes no acompañados. A pesar de que el proceso de regularización no ha sido óptimamente gestionado, Legarreta ha insistido en que el momento requiere cooperación, dado que el futuro de la sociedad vasca depende de ello.
El plazo para solicitar la regularización se cerrará el 30 de junio. Este procedimiento permitirá que los migrantes mantengan su situación regularizada durante un año, tras el cual deberán renovar su permiso presentando informes de arraigo emitidos por las comunidades autónomas. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del decreto ha sido la exigencia de informes de vulnerabilidad. Estos informes deberán demostrar situaciones de vulnerabilidad o la intención de trabajar, lo que ha sorprendido a muchos ayuntamientos, quienes no tenían conocimiento previo de esta obligación.
Legarreta ha señalado que este nuevo requisito no se mencionaba en los borradores iniciales y que las autoridades locales no fueron informadas adecuadamente, lo que genera tensión en los servicios sociales de los ayuntamientos, ya de por sí sobrecargados. A pesar de esta situación, el viceconsejero confía en que el proceso pueda gestionarse adecuadamente y ha mencionado la apertura de una oficina de asesoramiento en Bilbao como un ejemplo positivo.
Ante la oposición del PP y posibles boicots en algunos ayuntamientos, el PNV ha reafirmado su compromiso con la colaboración, instando a que no se generen obstáculos en este proceso. La ministra Elma Saiz ha minimizado la importancia del trámite adicional, señalando que la información sobre la vulnerabilidad puede obtenerse fácilmente en línea y que solo necesita ser validada por las administraciones locales. Según Legarreta, la migración es un fenómeno estructural y no debe ser objeto de controversia política.
Por otro lado, se ha señalado que el proceso de regularización no incluye a los apátridas, una circunstancia que afecta especialmente a saharauis y ucranianos. Sin embargo, para los ciudadanos ucranianos, su situación se regula mediante ordenanzas europeas, facilitando la obtención de permisos. A pesar de las limitaciones, el Gobierno Vasco espera que esta regularización marque un paso positivo hacia la integración de los migrantes en la sociedad.
