El Gobierno Vasco ha iniciado un proceso que permitirá a aproximadamente 26.000 inmigrantes en el País Vasco regularizar su situación en los próximos meses. Esta medida, respaldada por el Ejecutivo regional, ha sido objeto de críticas en su implementación. Aunque el gabinete liderado por Imanol Pradales está a favor de la regularización, ha expresado su descontento porque no se han tenido en cuenta las propuestas que presentaron durante la fase de alegaciones al decreto.
El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la regularización extraordinaria. Posteriormente, en febrero, se abrió un periodo de audiencia pública en el que las comunidades autónomas pudieron presentar sus alegaciones. Durante esta fase, el Gobierno Vasco solicitó que se valorara el aprendizaje del euskera como un mérito para certificar el arraigo de los inmigrantes, destacando la importancia de los idiomas cooficiales para la cohesión social.
Sin embargo, dos meses después, el decreto aprobó en el Consejo de Ministros no incluyó estas recomendaciones. La consejera María Ubarretxena ha lamentado que no se haya considerado ni la cuestión lingüística ni la formativa. En una reciente entrevista en Radio Vitoria, criticó que las instituciones vascas no fueron informadas adecuadamente durante este proceso, a pesar de que estaban dispuestas a colaborar desde el inicio.
Aun así, el gabinete de Pradales ha celebrado que el Gobierno central haya decidido exigir un certificado que demuestre la ausencia de antecedentes penales, en lugar de aceptar una simple declaración responsable. Este requerimiento, que había sido solicitado por el Consejo de Estado, es considerado por Melgosa como un paso positivo. «Cuando se viene a determinados países, se viene a aportar y creo que es importante hacerlo así», afirmó la consejera.
Para facilitar el proceso, su equipo planea enviar una guía sobre los trámites necesarios a las asociaciones que trabajan con inmigrantes. También recomendaron a los solicitantes que tengan paciencia durante este proceso de regularización, que se espera sea sencillo, a pesar de las dificultades iniciales.
Este proceso de regularización es crucial, no solo para los inmigrantes que buscan establecerse en la región, sino también para la sociedad vasca en su conjunto. La integración de estas personas fortalecerá la diversidad cultural y social del País Vasco, contribuyendo al enriquecimiento de su tejido social. La expectativa es que, con el tiempo, las medidas adoptadas promuevan una convivencia más armónica y respetuosa entre todos los habitantes.
