El Ayuntamiento de Donostia ha reactivado los trámites para realizar modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Illarra y otras áreas. Esta decisión responde a la necesidad de adecuar la planificación urbanística a la sentencia que anuló el desarrollo residencial previsto, argumentando, entre otras razones, la insuficiencia de viviendas de protección oficial. Los tribunales han dejado claro que cualquier modificación debe comenzar desde cero, lo que implica que el proceso regresará a su punto de partida y se estima que tardará alrededor de un año y medio en materializarse.
La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, firmó la resolución el 17 de marzo. Este documento, que ha sido publicado recientemente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, ordena la formulación y el inicio de una modificación puntual del PGOU que afecta a las parcelas de Illarra, Villa Ereski y Erregenea, específicamente en los aspectos invalidados por la sentencia 482/2024 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Con esta acción, el gobierno municipal busca cumplir con las directrices establecidas en el auto de aclaración emitido por el tribunal el 11 de febrero, que fue solicitado por los servicios jurídicos de Ijentea. En dicho auto, se señala que, conforme al artículo 108 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, cualquier acuerdo municipal relacionado con la formulación o modificación de un plan de ordenación requiere la inclusión de un programa de participación ciudadana.
Las modificaciones que se deben llevar a cabo se centran principalmente en las reservas de vivienda protegida. En Illarra, el consistorio había proyectado construir 262 nuevos pisos, de los cuales un 40% eran destinados a ser protegidos, bajo la consideración de que se trataba de suelo urbano. Sin embargo, tras un recurso presentado por la asociación de vecinos de Lugaritz-Aiete-Ibaeta, el tribunal modificó esta propuesta, elevando el porcentaje de vivienda protegida al 75%, al determinar que el terreno es urbanizable. En Villa Ereski, se había planteado un cambio en el número de viviendas libres, pasando de 12 a 52, pero el tribunal exigió que un 40% de ellas fueran protegidas, debido a su carácter de actuación integrada.
La resolución de la concejala Arzallus también establece un proceso participativo dividido en dos fases. La primera fase se llevará a cabo antes de la aprobación inicial del documento urbanístico e incluirá, en principio, una sesión pública en el ayuntamiento. Los técnicos municipales y el equipo redactor expondrán los objetivos del documento, y las opiniones y sugerencias recogidas serán analizadas en un informe. En la segunda fase, tras la aprobación inicial por el Pleno, se abrirá el trámite de información pública y se recibirán alegaciones, las cuales deberán ser justificadas tanto si son aceptadas como si son rechazadas.
Mientras tanto, las obras de las 32 viviendas libres en Illarra que ya habían comenzado siguen avanzando. Arzallus indica que, para el momento en que se otorgue la licencia de primera utilización, es probable que ya se haya aprobado la modificación del PGOU requerida por los jueces. En cambio, la construcción de las viviendas de protección oficial sufrirá un retraso, ya que necesitarán contar con el planeamiento urbanístico aprobado para su licitación.
