El Gobierno Vasco ha decidido colaborar con la administración central en la regularización de migrantes, aunque ha manifestado ciertas críticas respecto a la gestión del Ejecutivo español. En una reciente declaración, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha expresado su descontento por la falta de consideración del Gobierno central hacia las propuestas de la administración autonómica, especialmente en lo que respecta a la inclusión del conocimiento del euskera y a los procesos formativos exigidos para los migrantes durante su regularización.
Durante su intervención en Radio Vitoria, Melgosa subrayó que, aunque la regularización que se plantea no es del todo satisfactoria para el Gobierno vasco, la administración autonómica está dispuesta a colaborar con el Gobierno del Estado, que tiene la competencia en esta materia. La consejera también ha lamentado que se haya excluido a dos colectivos, los apátridas y los migrantes ucranianos, lo que considera una situación preocupante. “Eso nos parece grave, porque hay personas que en ese primer momento estaban dentro de la regularización”, afirmó, añadiendo que esta decisión podría haber sido un “jarro de agua fría” para aquellos que están tratando de integrarse en la sociedad.
Melgosa ha señalado que desde el inicio del proceso, el Gobierno Vasco ha estado preparado para colaborar en la regularización y ha insistido en la importancia de un enfoque que contemple tanto los derechos como los deberes de las poblaciones que residen en Euskadi. Resaltó que los migrantes que llegan deben ser considerados como aportadores a la sociedad, lo que subraya la necesidad de un informe sobre antecedentes penales en sus países de origen. “Creo que, cuando se viene a otros países, se viene a aportar”, comentó, subrayando que el Consejo de Estado tiene razones para exigir este tipo de documentación.
La cuestión de la regularización migratoria es un tema que ha cobrado relevancia en Euskadi, donde diversas comunidades han estado solicitando un trato más justo y equitativo para los migrantes. La falta de integración y la complejidad de los requisitos administrativos han sido objeto de debate en diversas ocasiones, y la intervención del Gobierno Vasco es vista como un paso hacia una regulación más efectiva, aunque con sus limitaciones.
Finalmente, la consejera ha indicado que se enviará un «borrador de guía» sobre el proceso regulatorio a las asociaciones implicadas, con el fin de evitar posibles engaños, como el cobro indebido de dinero a los migrantes durante su regularización. Melgosa enfatizó que es vital dirigirse a las instituciones oficiales para obtener información correcta y evitar situaciones de vulnerabilidad.
