El Gobierno Vasco ha otorgado el tercer grado penitenciario al miembro de ETA, Jon Bienzobas Arretxe, quien fue condenado por varios crímenes, entre ellos el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienzobas, detenido en 1999 en Francia, está cumpliendo una pena de 266 años en la prisión de Zaballa (Álava). Esta concesión le permite acceder a un régimen de semilibertad, que implica que podrá salir de prisión de lunes a viernes y no será necesario que regrese durante la noche.
Conocido como ‘Karaka’, Bienzobas fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del magistrado Tomás y Valiente en 1994, así como por el homicidio de Rafael San Sebastián, un trabajador de Iberduero en Getxo. Además, enfrentó una pena de 186 años por un atentado fallido contra un microbús militar también en 1994. En Francia, recibió una condena de 18 años por su participación en el robo de ocho toneladas de dinamita.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a que recurra esta decisión, que consideran «fraudulenta». La organización, conocida como Covite, la califica de «amnistía encubierta». Este colectivo subraya que el 90% de los terceros grados concedidos a presos de ETA se otorgan inicialmente bajo el artículo 83 del reglamento penitenciario, permitiendo que posteriormente estos pasen al artículo 86, lo que facilita que los reclusos vivan en condiciones similares a una libertad condicional.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha manifestado que el Gobierno Vasco comunica la concesión del tercer grado, pero no informa que muchos de estos casos posteriormente se ejecutan bajo el artículo 86. Ordóñez califica esta situación como «un engaño intolerable». Además, señala que los criterios para obtener estas progresiones penitenciarias incluyen la necesidad de demostrar buena conducta, una oferta de empleo y un reconocimiento del daño causado, así como la intención de contribuir a la convivencia pacífica. Sin embargo, expresa que las cartas escritas por los presos para justificar estas solicitudes no son creíbles sin un arrepentimiento público claro y tangible.
Covite también ha destacado que la Audiencia Nacional ya ha recurrido el tercer grado de otros miembros de ETA, como es el caso de Xabier Atristrain. En su opinión, los escritos presentados por los presos no deberían ser válidos sin acciones concretas que demuestren su desvinculación de actividades terroristas. La organización ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a actuar con mayor rigor y a no validar las concesiones de tercer grado que, según ellos, terminan transformándose en beneficios adicionales sin un proceso adecuado de reintegración.
Por último, Covite ha criticado lo que consideran una «dinámica de impunidad» que parece estar favoreciendo a los presos de ETA. Indican que la Fiscalía, como la única competente para recurrir estas decisiones, no está cumpliendo adecuadamente con su función, ya que frecuentemente valida los terceros grados a pesar de ser consciente de que, en muchos casos, se convierten en regímenes de mayor libertad sin los controles necesarios. Este contexto suscita un intenso debate sobre el manejo de los casos de terrorismo y la percepción de justicia en la sociedad española, especialmente en el ámbito de las víctimas del terrorismo.
