El Ejecutivo de Iñigo Urkullu llevó a cabo este martes su último Consejo de Gobierno, en un ambiente de despedida, justo horas antes de la investidura de Imanol Pradales, programada para el jueves. A pesar del tono de cierre, la reunión no careció de contenido relevante. Durante esta sesión, se aprobó una modificación del convenio de la Ertzaintza que lleva en vigor desde 2011. Este cambio, impulsado por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, busca mejorar las condiciones laborales, aunque se ha generado un clima de confrontación con los sindicatos.
El Gobierno Vasco ha decidido invertir 6,3 millones de euros en una serie de medidas que beneficiarán a los agentes de más de 55 años, así como a los equipos de investigación criminal, que enfrentan una carga de trabajo considerable. Este proceso de negociación, que ha estado marcado por tensiones, ha sido calificado por la consejería como un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales, a pesar de no contar con el apoyo de los sindicatos mayoritarios.
La modificación del convenio incluye tres bloques de medidas. Uno de los más destacados se centra en las mujeres ertzainas embarazadas o con hijos. Este bloque, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, asegura que las mujeres que opten por dejar de trabajar en turnos nocturnos durante el embarazo, la lactancia o el cuidado de un hijo menor de 12 años, mantendrán sus complementos económicos. Además, todos los agentes recibirán el plus de su turno de trabajo durante los permisos de paternidad.
Otro bloque significativo se refiere a la investigación criminal, donde se implementarán los equipos “nucleares” prometidos previamente por Erkoreka. Esta área, que incluye a más de 1.800 trabajadores, se beneficiará de un nuevo complemento de productividad de hasta 150 euros mensuales, condicionado a la acreditación de su cumplimiento. El valor total de este programa asciende a 3,3 millones de euros, y busca optimizar la respuesta ante desafíos como la violencia machista y la ciberdelincuencia.
El tercer bloque se enfoca en los agentes de más de 55 años que deseen modular su actividad laboral hasta su jubilación a los 60. Este paquete está cuantificado en 2,3 millones de euros y permite a los agentes reducir su jornada laboral anualmente y acumular días libres. También tendrán la opción de solicitar la exención del turno nocturno manteniendo su complemento de productividad o continuar en ese turno formando a agentes más jóvenes.
Sin embargo, estas medidas no han sido bien recibidas por parte de los sindicatos. La unidad sindical de la Ertzaintza ha criticado al Gobierno por aprobar modificaciones sin acuerdo previo, acusándolo de actuar de manera unilateral. Aunque la consejería defiende la validez de estas acciones, los sindicatos aseguran que seguirán negociando y han amenazado con llevar el asunto a los tribunales para extender el complemento de 150 euros a un mayor número de agentes.
El Gobierno Vasco avala su decisión afirmando que ha mantenido más de cuarenta reuniones y cuatro convocatorias de la Mesa de Negociación en 2023 y 2024. A pesar de las tensiones, el Ejecutivo considera que estas modificaciones son necesarias para modernizar y mejorar la regulación del servicio para los agentes cercanos a la jubilación y para aquellos que se dedican a la investigación criminal.
En conclusión, el último Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Urkullu se cierra con una serie de medidas que intentan responder a las necesidades del cuerpo policial, aunque el rechazo de los sindicatos podría complicar su implementación efectiva. Las relaciones entre el Gobierno y estos grupos han sido tensas, y el futuro de las negociaciones dependerá en gran medida de la disposición del nuevo Gobierno para abordar las demandas planteadas.
