El Gobierno Vasco ha establecido como meta principal la “modernización y profesionalización” de la labor desempeñada por los inspectores de Educación. Para ello, se ha elaborado un nuevo decreto que modifica el vigente desde el año 2016. Este documento tiene como objetivo “fortalecer la dimensión europea” de estos servicios, buscando así una mayor eficacia en su funcionamiento.
Actualmente, Euskadi cuenta con un total de 84 inspectores, así como tres inspectores jefes, uno por cada territorio histórico, y un inspector general. Todos ellos son profesionales docentes con un mínimo de ocho años de experiencia, y es común que hayan ocupado puestos de responsabilidad en el ámbito educativo, como direcciones de centros o jefaturas de estudios. Cada inspector tiene la responsabilidad de supervisar varios colegios, actuando como enlace entre estos y el departamento correspondiente. Entre sus funciones destacan el asesoramiento a centros, docentes, familias y ocasionalmente a los estudiantes, así como la supervisión de la implementación de los planes y normativas establecidos por la Administración.
Con el nuevo decreto, el Departamento de Educación busca actualizar la normativa, ya que la anterior ha quedado obsoleta frente a los profundos cambios que ha experimentado el sistema educativo. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha señalado que la normativa actual “se ha quedado desfasada”, por lo que se plantea la creación de “sistemas internos de calidad y evaluación” que actualmente no existen.
El decreto ordena el funcionamiento del Cuerpo de Inspectores de Educación “en un contexto social en constante cambio”. Este documento se divide en cinco capítulos, que abordan desde el objeto, ámbito y funciones de la Inspección Educativa, hasta su organización y funcionamiento. También incluye aspectos sobre el acceso al cuerpo y la provisión de puestos de trabajo, así como la formación de sus miembros y los procesos de evaluación de la Inspección.
En los capítulos más relevantes, la normativa introduce varias mejoras significativas en el servicio de inspección. Respecto a la formación de los inspectores, el decreto enfatiza que “la Inspección de Educación debe ser un lugar de desarrollo profesional”, promoviendo un entorno que aprende tanto a través de formaciones planificadas como del trabajo en equipo. Se prevé un impulso a “la diversidad de estrategias” que abarcarán desde la formación entre iguales hasta el fortalecimiento de las conexiones europeas, promoviendo la cooperación con otras instituciones educativas de diferentes países y comunidades autónomas.
Además, el quinto capítulo se centra en el procedimiento para llevar a cabo la evaluación inspectora, que contempla tanto la evaluación individual de los inspectores como la de la Inspección de Educación como entidad. A través de un seguimiento individual, se buscará “determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos y valorar los resultados de las distintas actividades”. El decreto también establece que, además de los sistemas de evaluación interna, “la inspección de Educación estará sujeta a los procesos de evaluación externos que en su caso se establezcan”.
Estas reformas en el sistema de inspección educativa representan un paso importante hacia la mejora de la calidad educativa en Euskadi. La implementación de estas nuevas normativas tiene como finalidad no solo adaptar el funcionamiento de los inspectores a los desafíos actuales del sistema educativo, sino también promover una mayor colaboración e intercambio de buenas prácticas a nivel internacional. Así, el Gobierno Vasco busca garantizar que la educación en la comunidad autónoma se mantenga a la vanguardia, respondiendo adecuadamente a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general.
