En el contexto político vasco, las decisiones y negociaciones han tenido un impacto significativo en la convivencia y en la identidad de la región. En 1996, Jaime Mayor Oreja, quien era el líder del PP vasco y ocupaba el cargo de ministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar, promovió la idea de un acuerdo entre el PNV y el PSE para hacer frente a ETA. A pesar de sus esfuerzos, la propuesta no logró los resultados esperados, y el Gobierno de Aznar se vio envuelto en un intento fallido de negociación con ETA durante la tregua que tuvo lugar entre 1998 y 2000.
Tras la ruptura de dicha tregua, ETA reinició su actividad criminal. En paralelo, el PNV, bajo la dirección del lehendakari Ibarretxe, comenzó a avanzar hacia una postura más soberanista. Esta dinámica culminó en 2009, cuando Patxi López, del PSE, asumió el cargo de lehendakari con el respaldo del PP vasco, una decisión que generó críticas dentro del propio PP nacional, liderado por figuras como Aznar y Esperanza Aguirre.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos, comenzando con el de López y continuando con el de Iñigo Urkullu y el actual ejecutivo de Imanol Pradales, han trabajado para reducir la tensión entre nacionalistas y no nacionalistas en la región. Este esfuerzo ha permitido una notable disminución de la conflictividad identitaria y una relación más fluida con los gobiernos centrales, lo que contrasta con las tensiones que se han registrado en otras partes de España, como Cataluña.
El año 2011 marcó un punto de inflexión cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y la lehendakaritza de Patxi López. Este proceso fue el resultado de una combinación de acciones policiales, judiciales y movilizaciones sociales, así como de un diálogo con partidos vascos, incluido Batasuna, que se había reconfigurado como Sortu en un contexto de rechazo al terrorismo.
A lo largo de los últimos 16 años, la política vasca ha experimentado un diálogo inédito entre los partidos, lo que ha facilitado un entendimiento que poco tiene que ver con los debates acalorados que se viven en el Congreso y el Senado. Los sondeos indican que las preocupaciones sociales han tomado prioridad sobre las cuestiones identitarias, y el respaldo a la reivindicación independentista ha disminuido considerablemente.
En las elecciones autonómicas más recientes, PNV y Bildu empataron en número de escaños, seguidos por el PSE, el PP, Sumar y Vox. Aunque los escándalos de corrupción de ambos partidos tradicionales no han afectado de manera significativa la política vasca, el rechazo hacia el PP y Vox se ha intensificado, especialmente por su postura en contra del diálogo que contribuyó al fin del terrorismo.
La situación actual plantea un riesgo considerable para Euskadi, especialmente ante la posibilidad de un gobierno del PP que dependa de Vox. A pesar de que el regreso de la violencia terrorista parece improbable, el discurso divisivo de Vox podría reavivar la confrontación política con el Estado y generar un aumento del independentismo. Este escenario podría comprometer la paz y la estabilidad que se han logrado en la región en los últimos años.
En conclusión, la evolución política en Euskadi ha llevado a una mejora notable en la convivencia entre diferentes corrientes ideológicas. Sin embargo, el futuro depende en gran medida de cómo se gestionen las tensiones entre las fuerzas políticas y la capacidad de los líderes actuales para mantener el diálogo y la paz. La comunidad vasca sigue observando atentamente el panorama político en busca de estabilidad y cohesión social.
