El exdirector gerente de Metro Bilbao, Iñaki Etxenagusia, ha desmentido las afirmaciones del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, quien había señalado que el antiguo gerente recibiría una indemnización «inmoral» superior a los 90.000 euros. Esta mañana, Etxenagusia firmó un finiquito que especifica que solo percibió 538,17 euros, en concepto de liquidación de todos los débitos con la sociedad Metro Bilbao S.A.
En el documento oficial, Etxenagusia declara que, al recibir esta cantidad, quedan saldados todos los conceptos derivados de su relación laboral, excluyendo solo los atrasos que le correspondan según su convenio colectivo. Así, el exgerente se compromete a no reclamar futuras cantidades a la empresa.
Etxenagusia ha indicado que esta información será trasladada a José Luis Bilbao para que este «rectifique públicamente» sus declaraciones sobre las indemnizaciones de los excargos del suburbano. Anteriormente, el diputado general anunció que encargaría un «informe jurídico» para verificar la legalidad de los contratos y las indemnizaciones de tres responsables de la dirección anterior del Metro, que, según sus afirmaciones, «costarán a todos los ciudadanos más de medio millón de euros».
Bilbao, en su intervención, agradeció el «gesto» de Etxenagusia tras considerar injusto lo que iba a cobrar, refiriéndose a ello como un «cargo injusto» para la ciudadanía. El diputado general ha reconocido que Etxenagusia debería haber recibido una anualidad completa de 93.000 euros al dejar su puesto, pero el exgerente ha renunciado a esta indemnización al firmar el nuevo documento.
En su comunicado, Bilbao también subrayó «las facilidades» que el exdirectivo de Metro Bilbao ofreció durante el proceso de relevo en la dirección del suburbano, destacando el «espíritu de colaboración» que Etxenagusia mostró en los últimos días. De cara al futuro, el diputado general anunció que los nuevos gestores del Metro y del Consorcio de Transportes verán reducidas sus retribuciones, carecerán de blindajes y recibirán al finalizar su mandato lo mismo que cualquier otro cargo público, es decir, una mensualidad.
Este cambio en las condiciones de los contratos de los directivos se enmarca en un esfuerzo por mejorar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de analizar y revisar las indemnizaciones y contratos de los altos cargos en las instituciones públicas, buscando un modelo más sostenible y acorde con la realidad económica.
