Esta mañana se llevó a cabo una reunión en la sede del Gobierno Vasco en Lakua, donde representantes de este, junto con miembros de las diputaciones de Álava y Bizkaia, así como de los ayuntamientos de Amurrio y Trapagaran, se encontraron con el comité de empresa de Tubos Reunidos. En este encuentro, el Gobierno Vasco manifestó su disposición a considerar una reestructuración de los 16 millones de euros de deuda que mantiene la compañía, aunque subrayaron que esta decisión debe realizarse «de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional». Sin embargo, advirtieron que “con el nivel de deuda actual es muy improbable encontrar inversores privados” dispuestos a involucrarse en el futuro de Tubos Reunidos.
El Departamento de Industria enfatizó su intención de «acompañar a inversores privados que garanticen un proyecto industrial sólido de futuro» para la empresa, siguiendo el modelo de colaboración público-privada que ha sido implementado en otros proyectos industriales viables en Euskadi. En la reunión participaron el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, y la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, así como otros representantes de instituciones locales, como la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zarate, y el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo.
Los representantes de las instituciones presentes reafirmaron su compromiso con la defensa del empleo industrial en Euskadi. Destacaron la importancia de que el proceso de consulta y negociación entre la empresa y el comité de trabajadores busque minimizar el impacto social del expediente de regulación de empleo (ERE) que se encuentra en marcha. Es fundamental que se logre un «proyecto industrial sólido de futuro» para Tubos Reunidos, cuya viabilidad está directamente relacionada con la reestructuración de su creciente deuda.
En este contexto, el Departamento de Industria informó que en la jornada anterior se llevaron a cabo conversaciones con el ministerio de Industria para explorar la «reestructuración de toda la deuda, incluida la de la SEPI». Esta deuda asciende a un total de 263 millones de euros, tras un préstamo participativo de 112 millones otorgado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales en 2021, en respuesta al fuerte impacto de la pandemia. El Gobierno Vasco agradeció la disposición del gobierno español para buscar una solución que permita la viabilidad de Tubos Reunidos.
Al finalizar la reunión, el presidente del comité de empresa de Tubos Reunidos, Andrés García, indicó que las instituciones consideran “clave” la reestructuración de la deuda. Recordó que la mayor parte de esta deuda corresponde a la SEPI y informó que los sindicatos han solicitado que las instituciones los representen ante la Sociedad Estatal, a lo que han accedido. García destacó que existe una creciente preocupación entre los trabajadores sobre la “falta de compromisos claros” por parte de las instituciones ante la posible destrucción de empleo que podría derivarse de las decisiones de la dirección de Tubos Reunidos.
La situación es crítica, ya que el proceso de despidos no se limita a los 301 despidos planteados por la empresa; se prevé que tenga un impacto aún mayor en las plantillas de las subcontratas, lo que generaría una mayor destrucción de empleo en las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea. Durante la reunión, los trabajadores llevaron a cabo una concentración en frente de la sede del Gobierno Vasco para expresar su rechazo a los despidos anunciados, mientras que para este viernes se había convocado una jornada de huelga de 24 horas en la planta de Amurrio.
Por último, el presidente del comité de empresa recordó que el próximo 17 de febrero está programada otra reunión con la empresa, y para esa misma fecha se ha convocado una nueva huelga en la planta alavesa. Además, en la fábrica de Trapagaran se ha planeado un paro de 24 horas, convocado únicamente por los sindicatos ESK y LAB.
