Miembros de la asociación Adostuz, que representa a más de 4.400 profesores prejubilados, se reunieron este jueves con los consejeros de Educación y Hacienda del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y Noël d’Anjou, para discutir las reclamaciones de los docentes. Estos exprofesores demandan un total de 220 millones de euros en indemnizaciones, un asunto que está actualmente en manos del Tribunal Supremo. Patxi Vaquerizo, uno de los representantes de la asociación, comentó que les han indicado que no se pueden realizar los pagos mientras el asunto esté judicializado, lo cual considera incorrecto, ya que el derecho está suspendido, no anulado.
Esta reunión marca un hito para la asociación, siendo la primera desde el cambio de gobierno. Vaquerizo destacó que, a diferencia de encuentros anteriores, han observado una nueva disposición por parte del gobierno, aunque persiste la dificultad relacionada con el ámbito judicial. El caso sigue pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, pero el Parlamento Vasco tiene la capacidad de resolverlo simplemente levantando la suspensión de la Ley de Presupuestos Generales.
El miembro de Adostuz subrayó que históricamente se les ha insistido en que el acuerdo de indemnización estaba suspendido, cuando en realidad no es así. Las indemnizaciones por jubilación anticipada están recogidas en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal docente no universitario, que fue confirmado en 2022 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), lo que llevó a los docentes a acudir al Tribunal Supremo en septiembre del año pasado, sin obtener respuesta hasta el momento.
Durante la reunión, los consejeros se mostraron cautelosos y se «escudaron» en la situación judicial, a pesar de que los miembros de Adostuz sostienen que la vía judicial no debe ser un impedimento para el pago de las indemnizaciones. «Aún está vigente la medida», destacó Vaquerizo, indicando que hay planes para eliminarla a finales de este año.
Los exprofesores creen que la razón principal del Gobierno Vasco para no autorizar el pago es el impacto financiero que esto tendría en las arcas públicas, con los docentes estimando que la suma ascendería a 220 millones de euros. «Dicen que no es una cuestión de dinero, pero a la vez reconocen que las cifras son muy altas. Nos intentan culpar, cuando si hubieran realizado los pagos a tiempo, no tendríamos una cifra tan elevada», afirmó Vaquerizo, quien añadió que los profesores han ofrecido recibir la indemnización en plazos.
La lucha de estos exprofesores comenzó en 2012, cuando un grupo reducido denunció no haber recibido las indemnizaciones tras su prejubilación. A lo largo de los años, más docentes se han sumado a la asociación, alcanzando los 4.400 miembros, de los cuales aproximadamente el 30% son de Gipuzkoa.
Vaquerizo mencionó que no se espera un incremento en la cifra total, ya que en este tiempo se han prejubilado aquellos profesores que podían hacerlo. Recordó que la medida de prejubilación fue bien recibida tanto por los docentes como por el Gobierno Vasco en un contexto de crisis económica, pues permitía una renovación generacional y un ahorro significativo al eliminar la antigüedad de muchos profesores.
A pesar del tiempo transcurrido, los exprofesores no cejan en su empeño y advirtieron que continuarán con sus reclamaciones si el Tribunal Supremo no les da la razón. «No vamos a parar y acudiremos al Tribunal Constitucional y al europeo si es necesario, porque creemos que tenemos razón», afirmaron, insistiendo en que «la coletilla de la Ley de Presupuestos» ya no es válida.
