El Gobierno Vasco ha identificado recientemente otros dos tipos de vacunas caducadas que fueron administradas a un grupo de pacientes, además de la que ya se había detectado previamente. Hasta el momento, se ha informado que estas nuevas dosis afectaron a 78 potenciales pacientes, según el comunicado emitido por el consejero de Salud, Alberto Martínez.
La situación ha llevado a la Fiscalía Superior del País Vasco a iniciar diligencias de investigación sobre la administración de estas vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Fuentes de la Fiscalía han señalado que el objetivo es determinar si se ha cometido un delito contra la salud pública, tras conocerse que 262 dosis de vacunas caducadas fueron administradas a un total de 253 personas, siendo la mayoría de ellas bebés.
En respuesta a esta problemática, el Departamento de Salud ha anunciado que se llevará a cabo una nueva campaña de vacunación para 103 de las personas afectadas. Originalmente, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi había recomendado vacunar nuevamente a todas las 253 personas, pero esta recomendación fue revisada tras recibir un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El nuevo enfoque sugiere que solo los adultos deberían ser inoculados nuevamente.
El motivo detrás de esta decisión se basa en que muchos bebés recibieron las dosis antes de que caducaran, mientras que otros las recibieron poco tiempo después de su fecha de caducidad, lo que garantiza que su inmunidad se mantenga.
La vacuna implicada es la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Esta vacuna se administra en dos dosis: una a bebés de entre dos y cuatro meses y otra como refuerzo a los once meses, además de ser utilizada en algunos adultos con problemas inmunológicos.
La gestión de esta crisis sanitaria ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los procedimientos llevados a cabo en el sistema de salud pública. La comunidad espera que las investigaciones de la Fiscalía arrojen luz sobre las responsabilidades en la administración de estas vacunas caducadas y sobre la efectividad de las medidas que se implementen para asegurar la salud de la población.
El Gobierno Vasco se enfrenta a la necesidad de restaurar la confianza en el sistema de salud, lo que podría implicar la revisión y mejora de protocolos existentes. La situación actual resalta la importancia de la vigilancia en la administración de medicamentos y vacunas, especialmente en grupos vulnerables como los bebés.
A medida que avanzan las investigaciones, será crucial mantener informada a la población sobre los desarrollos y las decisiones que se tomen para prevenir incidentes similares en el futuro. La salud pública es una prioridad que requiere atención constante y un manejo cuidadoso de las situaciones crisis.
